Durante este viernes, el Tribunal Constitucional dio por concluida la revisión de la Ley de Reconstrucción y suprimió una de las exigencias previstas para compensar a las municipalidades por los recursos que dejarán de percibir con la exención de contribuciones a la vivienda principal de adultos mayores.
El texto señalaba que, para recibir en su totalidad esas transferencias, las comunas debían cumplir requisitos como remitir mensualmente datos sobre sus dotaciones y remuneraciones y disminuir en al menos un 30% los tiempos promedio de tramitación de ciertos permisos, tomando como base el lapso entre 2023 y 2025.
No obstante, el TC declaró inconstitucional esas condiciones al estimar que no se ajustaban al carácter redistributivo y solidario del Fondo Común Municipal. En consecuencia, la compensación deberá entregarse de manera íntegra y sin estar supeditada al cumplimiento de esas metas.
Paulina Bobadilla, alcaldesa de Quilicura, celebró la decisión y afirmó que los beneficios para las personas son necesarios, pero que su financiamiento no puede depender de los límites presupuestarios de los recursos disponibles en cada municipio.
El asunto tiene gran importancia para las arcas comunales. En el trámite del proyecto se calculó que la caída de recaudación significaría alrededor de 110 mil millones de pesos menos para el Fondo Común Municipal y otros 80 mil millones que dejarían de ingresar directamente a los municipios.
Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas, calificó el pronunciamiento del Tribunal Constitucional como un acto de justicia.
Asimismo, el TC eliminó una disposición que permitía que, durante 2027 y 2028, ciertas municipalidades retuvieran mayores ingresos procedentes de patentes comerciales y de derechos de aseo morosos sin incorporarlos al Fondo Común Municipal.
De este modo, aunque los alcaldes valoran que la compensación quede garantizada, el fallo reactivó el debate sobre la forma de financiar a las municipalidades y si el sistema vigente requiere una reforma permanente.
