La Operación Apocalipsis volvió a poner en evidencia una preocupación vigente dentro de las prisiones chilenas: la capacidad del crimen organizado para infiltrar a Gendarmería y sostener redes de corrupción que, según diversas indagaciones, llevan años extendiéndose.
Las detenciones de funcionarios imputados por recibir sobornos millonarios, los traslados de internos de alta peligrosidad y las interrogantes sobre el control real del Estado en los penales reavivaron la discusión sobre cuánto territorio han ganado las organizaciones delictivas dentro de los recintos carcelarios.
Una realidad con la que está familiarizado Cristian Alveal, exdirector nacional de Gendarmería durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Hoy, desde fuera de la institución, evalúa la profundidad de la corrupción en Gendarmería y advierte que no se trata únicamente de incidentes aislados.
En conversación con BBCL, analiza la eficacia de los recientes operativos y traslados de internos, propone medidas urgentes que, a su juicio, son necesarias para reponer el control en los establecimientos penitenciarios y alerta sobre los peligros de no abordar la raíz del problema.
“No podemos seguir mintiéndonos”, afirma Alveal, quien alerta sobre el riesgo de que Chile termine siguiendo la senda de países como Ecuador, Colombia o México, donde el crimen organizado ha logrado convertir las cárceles en núcleos de poder y operaciones delictivas.
—Considerando su experiencia, estas nuevas detenciones en la Operación Apocalipsis, ¿qué tan profunda cree que es la corrupción al interior de Gendarmería? ¿Estamos hablando de casos aislados o de redes instaladas?
Opino que se trata de redes que se han ido arraigando paulatinamente dentro de la institución. Las herramientas con que cuenta Gendarmería han resultado insuficientes, a pesar de la voluntad que distintas administraciones han manifestado para combatir la corrupción.
En ese marco, es relevante la decisión del Ministerio Público de indagar los focos penitenciarios. También el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad debería ayudar a robustecer sus capacidades frente a este fenómeno. Es una amenaza conocida y reconocida, cuya expansión y severidad también se observa en otras entidades públicas.
—¿Cómo describiría en una palabra la situación que atraviesa hoy Gendarmería?
Crítica. Diversas gestiones, a lo largo de distintos gobiernos, han cometido el error de minimizar lo que sucede en el sistema penitenciario. Aunque algunas administraciones han reconocido el problema con mayor claridad, persiste la tendencia a invisibilizarlo para eludir la magnitud de las deficiencias.
Afirmar que se tiene el control de las cárceles, sin distinguir entre la custodia perimetral y la gobernanza interna, no se ajusta a la realidad. Se mantiene control del perímetro, pero al interior existen brechas relevantes que demandan solución.
La misma interrogante aplica a los territorios: ¿hay un control estatal permanente o solamente una capacidad de intervención cuando se despliega un operativo reforzado para detener a alguien e incautar drogas o dinero? Lo crucial es conocer en qué condiciones queda esa comunidad cuando el operativo concluye.
Dentro de los penales hay situaciones de abuso, sometimiento y expansión del crimen organizado. Aunque sus miembros sean una proporción menor respecto de la población penal general, su capacidad de intimidación y corrupción genera distorsiones profundas. Una de las más graves es la captura de funcionarios que, vistiendo el uniforme y portando identificación oficial, terminan sirviendo a una organización criminal en lugar de al Estado.
Con frecuencia se escucha que todavía estamos lejos de Ecuador, Colombia o México. Las diferencias existen, pero no pueden ser excusa para la complacencia. En esos países también hubo un punto en que el problema comenzó a agudizarse y se relativizaron sus señales. No debemos esperar a que la pérdida de control alcance una magnitud que haga mucho más difícil y costosa su recuperación.
—¿El Estado tiene control total o es parcial en las cárceles? ¿Llega el Estado a cada celda o eso no se podría afirmar?
No puede sostenerse que exista un control total ni que el Estado ejerza autoridad efectiva en cada celda. Por motivos principalmente estructurales, el control es esencialmente perimetral. El reducido número de fugas es un dato notable, pero no prueba por sí solo el dominio de lo que ocurre dentro de los recintos.
Las falencias internas son importantes y generan espacios que el crimen organizado aprovecha para imponer liderazgos. Diversas autoridades lo han señalado. Cito particularmente el informe del juez Fernando Guzmán, que describe condiciones en Santiago 1 que facilitan la consolidación del control criminal.
Ante esas advertencias, cabe preguntarse qué ha hecho el Estado y qué recursos, mediante la Dirección de Presupuestos, se han destinado para sostener un plan estratégico que aumente la dotación y refuerce el control interno. No veo una respuesta integral proporcional a la magnitud del problema.
Seguimos asegurando que hay control mientras ingresan teléfonos celulares y drogas, se extorsiona y se organizan delitos desde las cárceles. Esa contradicción debe terminar. El Estado necesita reconocer lo que sucede y tomar decisiones estratégicas para recuperar una autoridad efectiva y sostenida dentro de los establecimientos.
—En el caso de Alex Vega, este dirigente histórico, la investigación apunta a pagos sistemáticos y movimientos de dinero por cientos de millones de pesos. ¿Qué señales de alerta debieron haber existido para detectar antes una situación de estas características?
Existían antecedentes y señales que ameritaban atención. La dificultad radica en transformar la información obtenida por inteligencia en evidencia que permita sostener una denuncia formal y una investigación penal. En cuanto al caso puntual, corresponde que la investigación establezca responsabilidades.
También hay que considerar que hay funcionarios que conocen irregularidades, pero enfrentan amenazas o extorsiones que les impiden denunciarlas. Sin mecanismos efectivos de protección, esa información puede quedar silenciada.
La gran mayoría del personal es honesta y comprometida. Son quienes sostienen el trabajo diario en condiciones complejas y que esperan que quienes corrompen y desprestigian a la institución respondan ante la justicia. Además, son los primeros perjudicados por esas conductas.
Para el crimen organizado, la cárcel puede transformarse en un mercado cautivo. El funcionario que registra, incauta celulares y drogas y cumple rigurosamente su labor representa un obstáculo para ese negocio; quien facilita el ingreso de elementos prohibidos se vuelve un aliado. Por eso, la corrupción también expone directamente al personal que actúa correctamente.
Es necesario robustecer la detección, la investigación y la protección de quienes denuncian, junto con mejorar el reclutamiento, la selección y la formación inicial y continua. En esos ámbitos hay brechas relevantes que debemos cerrar.
—¿Gendarmería necesita una depuración mucho más profunda o el foco debería estar principalmente en mejorar los sistemas de inteligencia, contrainteligencia y control interno?
Se requieren ambas cosas: una depuración efectiva y mejores capacidades de inteligencia, contrainteligencia y control interno. Pero también es preciso revisar las condiciones laborales del personal. En módulos de Santiago 1 puede haber entre 300 y 400 internos bajo la responsabilidad de solo dos funcionarios. Esa relación no resiste un análisis serio.
¿Qué condiciones laborales les estamos permitiendo frente a organizaciones que intentan extorsionarlos o corromperlos? ¿Qué herramientas concretas les damos para protegerse y ejercer autoridad?
Además, hay que identificar y segregar a los internos con capacidad económica y decisión para corromper. Son una minoría, pero están distribuidos en distintos recintos, lo que amplía su radio de influencia.
La cárcel de Talca puede ser un avance en infraestructura, pero no soluciona por sí sola este problema. Aloja distintos perfiles delictuales, incluidos internos vinculados al crimen organizado que disponen de recursos, redes y power de intimidación. Los liderazgos de esas estructuras requieren un establecimiento exclusivo y un régimen acorde a su peligrosidad y capacidad de mando.
Evitar las fugas es imprescindible, pero también debemos impedir que se comuniquen para ordenar delitos que luego se ejecutan en las calles. El reto actual exige controlar tanto la permanencia física del interno como su capacidad de articulación criminal.
—¿Qué tan extendido es el problema de las amenazas contra los funcionarios de Gendarmería? ¿La institución cuenta con herramientas suficientes para proteger a sus trabajadores?
Es un problema que no debemos minimizar y, a mi juicio, las herramientas de protección son insuficientes. Esa necesidad alcanza también a funcionarios de Carabineros y de la PDI que trabajan en zonas de alto riesgo.
Debemos considerar soluciones habitacionales protegidas, como villas o conjuntos residenciales para el personal y sus familias. Además de ofrecer mayor resguardo, podrían mitigar las dificultades que enfrentan en regiones donde los arriendos son especialmente altos.
El crimen organizado opera de manera transnacional. Así como diversifica sus actividades ilícitas, también amplía su influencia mediante la intimidación y la corrupción. Busca infiltrar instituciones y operar desde el propio Estado.
Por eso necesitamos capacidades reales de inteligencia y contrainteligencia, acompañadas de medidas concretas de protección. Proteger a quienes nos protegen y a sus familias es una condición para que puedan cumplir sus funciones con seguridad y decisión.
—¿A usted le tocó enfrentar situaciones donde su seguridad personal o la de su entorno estuviera en riesgo?
Sí, recibí amenazas. Al ingresar a esta institución uno sabe que puede enfrentar insultos e intimidaciones. No obstante, hoy el riesgo adquirió otra dimensión: existen organizaciones con recursos y personas dispuestas a ejecutar esas amenazas.
El asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en mayo de 2022, ilustra la capacidad de estas estructuras para actuar fuera de sus países. También hemos conocido hechos como el envío de coronas de flores y disparos contra viviendas de funcionarios. Ya no se trata solo de amenazas verbales.
Si el Estado pretende enfrentar con eficacia al crimen organizado, debe combatir con la misma determinación la corrupción en sus instituciones. De lo contrario, los funcionarios honestos, que son la mayoría, quedarán expuestos a riesgos crecientes.
En lo personal, siempre he mantenido una convicción: hay que hacer lo que corresponde, aunque no sea lo más conveniente. Esa responsabilidad también implica entender que la ausencia de motines, las pocas fugas o una disminución de las muertes violentas no necesariamente reflejan un mayor control estatal. En ciertas circunstancias, pueden indicar una hegemonía criminal que evita conflictos para continuar traficando y obteniendo beneficios.
Echo de menos una convicción más amplia para tomar decisiones, aun cuando tengan costos. La veo en algunos, pero también observo más palabras que acciones. Quien no esté dispuesto a ejercer sus atribuciones y asumir las responsabilidades del cargo debe dar un paso al costado. Necesitamos respaldar al personal honesto y eliminar la corrupción que debilita a la institución.
—En estos seis, casi siete meses del gobierno del presidente Kast, ¿cómo ha sido su evaluación en esta materia? ¿Lo ve realmente comprometido con acciones o es más discurso?
En lo penitenciario se ha hablado y comprendido la necesidad de un régimen diferenciado de reclusión, pero no percibo avances legales y reglamentarios suficientes para materializarlo.
También se ha señalado que tener una cárcel con distintas secciones para perfiles delictuales no resuelve por sí sola el problema de internos vinculados al crimen organizado con capacidad de decisión. Mantenerlos en un módulo concreto no asegura que dejen de comunicarse con el exterior y dirigir actividades ilícitas.
Necesitamos, al menos, una cárcel de máxima seguridad destinada exclusivamente a esos perfiles. Los internos ligados a estructuras de narcotráfico, terrorismo o crimen organizado requieren infraestructura, tecnología y personal con dotación y preparación específicas.
El compromiso debe traducirse en decisiones normativas, presupuestarias y operativas que permitan cortar de manera efectiva la dirección de delitos desde las cárceles. Ese es el criterio con el que hay que evaluar los avances.
—La Operación Cancerbero, que incluyó el traslado de internos de alta peligrosidad a Talca, tuvo una importante exposición mediática. ¿Considera adecuado que este tipo de procedimientos se exhiban públicamente con ese nivel de detalle o deberían manejarse con mayor reserva?
Lo dije entonces: exponer pormenores de un operativo de esa envergadura puede entregar información útil a organizaciones criminales. Algunas cuentan con miembros con formación táctica, experiencia en guerrillas o grupos paramilitares y la capacidad de detectar fisuras que podrían aprovechar en un traslado posterior.
La seguridad operativa debe primar por sobre el objetivo comunicacional. Informar a la ciudadanía es legítimo, pero debemos resguardar los detalles cuya difusión pueda comprometer al personal o facilitar una fuga o un rescate.
También debemos cuestionarnos si la dotación del módulo de máxima seguridad es adecuada, si dispone de las competencias necesarias, si existe normativa específica para protegerlo y si se aplica un régimen de reclusión verdaderamente diferenciado. Cualquier brecha abierta puede ser aprovechada por esos internos.
Una cárcel de máxima seguridad debería estar dirigida exclusivamente a quienes requieren ese nivel de control. Talca aloja también a internos de bajo y mediano compromiso delictual, con actividades educativas que implican el ingreso de profesionales externos. Ese flujo exige controles específicos y complica gestionar, en un mismo establecimiento, liderazgos criminales de alta peligrosidad.
Esos internos estudian permanentemente las debilidades del sistema. Por eso hay que replantear el diseño. Junto con construir recintos para reducir el hacinamiento, necesitamos al menos uno concebido exclusivamente para recluir a los liderazgos del crimen organizado nacional y transnacional e impedir que sigan operando.
—Si usted volviera hoy a dirigir Gendarmería y tuviera que tomar tres medidas prioritarias para enfrentar este tipo de situaciones, ¿en qué estarían enfocadas?
Las concentraría en tres ejes: infraestructura y segmentación, régimen diferenciado de reclusión y profesionalización del personal.
En infraestructura, buscaría una solución de implementación rápida en el norte, considerando el clima: recintos tipo campamento, inspirados en experiencias estadounidenses con carpas, para internos con menor saldo de condena y compromiso delictual medio o bajo, así como para personas de avanzada edad cuyo perfil lo permita. Esto facilitaría descongestionar las grandes cárceles y reducir su exposición al reclutamiento y la extorsión.
Paralelamente, insistiría en la construcción de al menos una cárcel de máxima seguridad exclusiva para internos con capacidad de dirigir organizaciones criminales y corromper al personal.
El segundo eje sería impulsar las reformas legales y reglamentarias necesarias para establecer un régimen diferenciado de reclusión. Una segmentación efectiva limita la capacidad de acción de los liderazgos criminales y protege a la mayoría de internos que no pertenecen a esas estructuras, favoreciendo sus opciones de reinserción.
El tercer eje sería robustecer la formación inicial y continua de gendarmes, aspirantes a oficiales y profesionales de intervención penitenciaria. La progresión en la carrera debe vincularse a competencias acreditadas, desempeño y preparación para asumir mayores responsabilidades, además de la antigüedad.
Esos serían mis tres ejes prioritarios, junto con aprovechar el traspaso al Ministerio de Seguridad para fortalecer de manera integral a la institución.
—¿Usted cree que está el riesgo de llegar al nivel de países como México, Colombia, Ecuador en temas penitenciarios?
Sí, existe un riesgo que debemos enfrentar con seriedad. Durante demasiado tiempo, los sistemas penitenciarios fueron relegados dentro de la política criminal, mientras distintas organizaciones hallaron en las cárceles condiciones para fortalecerse y expandirse.
Las investigaciones sobre el Tren de Aragua y sus presuntos vínculos con el asesinato de un refugiado venezolano en Chile muestran la gravedad de la amenaza. Lo que ha planteado públicamente el fiscal Héctor Barros exige atención: la posibilidad de que una estructura criminal sea usada para ejecutar un crimen por encargo de un poder extranjero revela capacidades que no podemos subestimar.
También se han dado a conocer indagatorias relacionadas con integrantes del Primer Comando de la Capital, una de las organizaciones criminales más poderosas de la región. Tanto el PCC como el Tren de Aragua se desarrollaron y consolidaron desde entornos penitenciarios. Conocen ese espacio y saben explotar sus debilidades.
Por eso no resulta razonable afirmar que en Chile no podría ocurrir algo semejante. La captura de funcionarios forma parte de ese proceso de expansión. Un funcionario que trabaja para una organización criminal utiliza su posición institucional para beneficiarla y perjudica a los miles que cumplen su labor honestamente.
Se ha puesto énfasis en combatir al crimen organizado en las calles, pero la cárcel también debe ocupar un lugar central en esa estrategia. La experiencia regional muestra lo que sucede cuando se omite esa dimensión.
Estamos reaccionando tarde. De aquí en adelante necesitamos menos anuncios y más decisiones ejecutadas con rigor. Hay que investigar el ingreso de elementos prohibidos, desarticular las redes que lo facilitan y recuperar el control interno. Si el Estado permite que las organizaciones sigan dirigiendo delitos desde las cárceles, también reduce su capacidad para controlar las calles.
—A propósito de estos recientes casos de corrupción, ¿usted cree que la estructura y el poder que tuvieron algunos sindicatos o asociaciones de funcionarios pudieron contribuir a que ciertas malas prácticas se mantuvieran durante tanto tiempo?
Primero hay que reconocer el rol que desempeñaron los gremios al visibilizar la precariedad del sistema penitenciario y promover mejoras para el personal. Fui parte de ese ámbito y trabajé por la creación de una Subdirección Operativa capaz de responder a una delincuencia distinta, vinculada al crimen organizado. Allí conocí a funcionarios comprometidos y dispuestos a impulsar cambios.
No obstante, con la expansión de este fenómeno criminal, algunas estructuras gremiales se fueron distorsionando. Ciertas personas aprovecharon su posición y la protección del fuero para favorecer intereses particulares, ajenos a los de la institución y del país.
A mi juicio, ese uso de las estructuras gremiales dificultó adoptar medidas de desvinculación, pese a la existencia de antecedentes. Hubo esfuerzos y se concretaron expulsiones, pero también se presentaron obstáculos que mermaron la capacidad institucional para actuar.
No corresponde generalizar: hay dirigentes y asociaciones que cumplen legítimamente su función. Lo que debemos enfrentar es la utilización de la representación gremial como mecanismo de protección de conductas irregulares. La defensa de los derechos del personal no puede convertirse en un espacio de impunidad para quienes corrompen a Gendarmería.
