El Tribunal Oral de Iquique encontró culpable a Rubén Guiza Castro, abogado, como autor del delito de cohecho agravado. La resolución se adoptó luego de dos semanas en las que la Fiscalía presentó sus pruebas. Según los antecedentes, los hechos de corrupción ocurrieron entre 2017 y 2018.
El proceso está vinculado a la licitación por la reposición del alumbrado público de la ciudad, una vertiente del denominado ‘caso Luminarias LED‘.
Con la culminación de este juicio, la investigación suma 15 personas condenadas. En ese grupo se cuentan gerentes de las empresas Itelecom y ELEC, además de ex concejales de Iquique, junto a otros particulares y funcionarios públicos.
Asimismo, a uno de los imputados se le otorgó la suspensión condicional del procedimiento. La funcionaria pública Daniela Vargas Barbaric fue declarada absuelta.
El fiscal a cargo, Pablo Medina, explicó que el tribunal concluyó que el acusado “ejecutó actos que atentaban contra la probidad pública”. El persecutor agregó que dichos actos estaban relacionados con el haber aceptado recibir dinero por realizar actos con infracción a los deberes de su cargo.
Abogado condenado en caso LED
Según el veredicto, el tribunal acreditó que en septiembre de 2018 el jurista se desempeñaba como abogado del Departamento de Control de la Municipalidad de Iquique. Esa unidad era la encargada de aprobar los procesos vinculados a la adjudicación de la licitación de luminarias LED. En ese marco, el tribunal determinó que el acusado actuó en concierto con Gustavo Bernardo Proby Yun Kan.
El fallo sostiene que el imputado “se comunicó telefónicamente con Cristian Luis Ureta Bravo, perteneciente a la empresa Itelecom, y le solicitó el pago de un beneficio económico”. El tribunal señaló que el acusado se aprovechó de que en su oficina estaban los antecedentes del decreto de adjudicación y dio a entender que la aprobación dependía de ese pago.
La Fiscalía acreditó estos hechos principalmente con conversaciones telefónicas interceptadas durante la investigación y con testimonios de funcionarios de la Policía de Investigaciones que realizaron las diligencias. Esas pruebas fueron incorporadas en el juicio oral.
En el juicio oral comparecieron como querellantes el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Iquique. La sentencia se conocerá el próximo 15 de octubre.
