Si el Congreso no otorga un rescate, Prodemu —la primera entidad en Chile dedicada a resguardar los derechos de las mujeres— tendría que cerrar sus puertas en marzo próximo. Según datos recopilados por la Unidad de Investigación de Bío Bío, la Ley de Presupuesto 2027, presentada por el Ejecutivo, incluye la eliminación de los aportes financieros a la fundación creada por Leonor Oyarzún, quien fue primera dama del presidente Patricio Aylwin.
En la partida 27, asociada al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, se señala que el Gobierno asignará recursos a la fundación para cubrir sus gastos operativos, incluidos los relativos a personal y a bienes y servicios de consumo, hasta el 31 de marzo de 2027, y que a partir de esa fecha deberá suspender su funcionamiento.
380 trabajadores en incertidumbre
El documento —presentado con maletín por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz— señala que esos fondos permitirán cubrir los «gastos necesarios para el cierre, liquidación y disolución de la entidad». Entre ellos se contemplan indemnizaciones y otras obligaciones laborales, honorarios y deudas con proveedores y acreedores.
Prodemu emplea a 380 personas distribuidas por todo el territorio, desde Arica hasta Punta Arenas, incluyendo Rapa Nui.
La determinación del gobierno del presidente José Antonio Kast también deja en incertidumbre a 942 beneficiarias del programa Mujeres Rurales, que cursan el segundo año del apoyo y podrían no alcanzar a completar los tres años del plan. Además, otras 755 mujeres ya quedaron fuera tras el anuncio del Ejecutivo sobre el término del convenio en el primer año.
El factor Karamanos
Al ser consultado el Ministerio de la Mujer, indicaron que Prodemu arrastra una situación financiera irreversible que se remonta al período de Irina Karamanos, ex primera dama de Gabriel Boric.
Tal como reveló un primer reportaje de Bío Bío Investiga, el deterioro comenzó en 2022, cuando la antropóloga impulsó el traslado de las fundaciones dependientes de la Dirección Sociocultural de la Presidencia hacia distintos ministerios.
Según se explicó en su momento, esa medida buscaba, entre otras cosas, «modernizar» el rol de la primera dama. Una de las entidades afectadas fue Prodemu, que acumula una deuda que llegó a superar los $2.600 millones.
Desde la secretaría encabezada por Judith Marín puntualizan, eso sí, que el cierre de Prodemu no está en su competencia, ya que la entidad continúa siendo una fundación privada. «Sus funcionarios no son públicos», aclaran.
Explican además que el ministerio realiza una transición de recursos para garantizar que estos lleguen a los programas y a las mujeres beneficiarias. Actualmente, sostienen, el 80% de los recursos destinados a Prodemu se destina a sueldos y no están llegando a las beneficiarias de los programas.
