Nueve años después de quedar como el único diputado que votó contra la Ley Cholito, José Antonio Kast vuelve a quedar enfrentado a la normativa. Esta vez desde La Moneda y por una decisión presupuestaria: su Gobierno propone reducir en casi 86% los recursos del programa encargado de financiar su implementación.
La disminución abrió otro frente para el Ejecutivo en la negociación del Presupuesto 2027 y desató una reacción de legisladores opositores que intentarán revertir la medida durante su trámite en el Congreso.
Las cifras explican la magnitud de la controversia. El Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), dependiente de la Subdere, pasa de $3.635 millones en 2026 a solo $514 millones el próximo año, una caída de 85,8%.
El Fondo Concursable establecido en la propia Ley 21.020 tampoco queda indemne: baja desde $631 millones hasta un máximo de $150 millones, una reducción de 76,2%.
Pero el tijeretazo es todavía mayor cuando se mira cuánto dinero quedaría disponible para ejecutar acciones en terreno.
El recorte que llega al 95%
Mientras el programa pierde la mayor parte de sus recursos, los honorarios destinados a su administración no disminuyen. Al contrario: pasan de $210 millones a $216 millones para cinco personas.
Eso implica que ese capítulo, que en 2026 representaba cerca del 6% del presupuesto del programa, pasará a concentrar alrededor del 42% en 2027.
El ajuste termina afectando en mayor medida los recursos que quedan para transferencias a municipios y otras entidades. Allí la caída es desde aproximadamente $2.794 millones hasta cerca de $149 millones: un desplome de 94,7%.
Son precisamente esos fondos los que financian intervenciones como esterilizaciones, vacunaciones, desparasitaciones, registros y campañas educativas sobre tenencia responsable.
Por eso, más allá del 86% que concentra la discusión política, la merma de los recursos con capacidad de llegar al territorio roza el 95%.
El voto de Kast que reaparece nueve años después
La oposición aprovechó ese escenario para sacar a relucir un episodio del pasado parlamentario del actual mandatario.
En mayo de 2017, cuando la Cámara de Diputadas y Diputados votó el informe de la Comisión Mixta que permitió despachar la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, el resultado fue prácticamente transversal: 100 votos a favor, dos abstenciones y solo uno en contra.
Ese voto fue de José Antonio Kast.
El diputado independiente-PPD Jaime Araya esgrimió ese antecedente para cuestionar de forma directa las razones del Gobierno.
“Parece que el Presidente Kast todavía no le perdona a la Ley Cholito que haya sido aprobada pese a su voto en contra. Fue el único diputado que la rechazó y ahora, desde La Moneda, pretende quitarle el 86% de sus recursos”, afirmó.
Araya adelantó que intentará reponer los montos durante la discusión del presupuesto y sostuvo que, si existen deficiencias en el funcionamiento del programa, la solución debería ser mejorar su ejecución y su fiscalización.
“No estamos hablando de un recorte menor. Estamos hablando de prácticamente desmantelar el financiamiento de un programa que permite a los municipios desarrollar acciones concretas de cuidado y tenencia responsable”, aseguró.
Oposición se rebela contra el recorte
La reacción no quedó limitada a Araya. El diputado independiente de la bancada del Partido Comunista, Gustavo Gatica, también relacionó la decisión presupuestaria con el historial de Kast respecto a la norma.
“Esto no es nuevo: el diputado José Antonio Kast fue el único diputado que, en su momento, votó en contra de esta ley”, afirmó.
Más adelante elevó el tono y sostuvo que el ajuste es sintomático de una orientación más amplia del gobierno: “Este, sin duda, es el Gobierno de los recortes, el Gobierno de los retrocesos”.
Asimismo, reaccionó el diputado independiente de la bancada Socialista, Liberal y Radical Sebastián Videla, conocido por su postura a favor del bienestar animal.
“Me da rabia e impotencia que se pretenda recortar un 86% del presupuesto de la Ley Cholito. Detrás de esta decisión hay animales abandonados, maltratados y sin voz”, cuestionó.
Videla afirmó que trabajará para detener la merma en el Congreso y llamó a generar presión para sumar los votos necesarios.
“No podemos permitir que la indolencia haga retroceder años de avance en bienestar animal”, señaló.
También se sumó a las críticas la diputada independiente de la bancada del Frente Amplio, Valentina Cáceres, quien emplazó al presidente para que reconsidere la propuesta.
“Lo que propone el presidente Kast es gravísimo e inédito, desfinanciar el programa de tenencia responsable en un 86%, pasando de 3.600 millones de pesos a solo 514”, afirmó.
Cáceres adelantó además medidas durante la tramitación: “Nosotros, desde el Congreso, haremos todo lo que está a nuestro alcance para frenar este inédito recorte”.
Pero las críticas también surgieron entre las filas oficialistas. El diputado independiente de la bancada UDI, Hotuiti Teao, resaltó la relevancia de la Ley Cholito y sostuvo que, aun cuando necesita ajustes, es necesario “cuidar y fortalecer los recursos que hoy existen para su implementación”.
El legislador manifestó su inquietud por lo proyectado en el Presupuesto 2027 y dijo que ya han entablado conversaciones con el Ejecutivo para buscar una alternativa. “Desde ya estamos dialogando con el Gobierno para que los recursos de este programa no tengan una reducción tan drástica”, afirmó.
Teao recordó que ha impulsado una iniciativa para incorporar desde edades tempranas contenidos sobre tenencia responsable en los establecimientos educativos. En su visión, la educación es una herramienta para abordar el problema a largo plazo, pero advirtió que hoy se requiere “una Ley Cholito fortalecida y con los recursos suficientes para hacerse cargo de una realidad que sigue afectando a nuestras comunas”.
La explicación de La Moneda por recorte a Ley Cholito
No obstante, el Gobierno defiende la medida con sus propios argumentos.
Desde la Subdere sostienen que el programa arrastra una falencia estructural: en diez años no habría sido evaluado y tampoco existiría un indicador que permita establecer su impacto efectivo sobre problemas como el abandono de animales, las jaurías o las mordeduras.
El Ejecutivo también sostiene que “la inversión no se detiene”, pues existen alrededor de $3 mil millones en proyectos ya adjudicados que seguirán ejecutándose durante 2027. Además, están contemplados pilotos de focalización, un estudio de impacto y una revisión del programa en julio.
La propuesta incorpora además modificaciones menos visibles en la glosa presupuestaria.
Se elimina la obligación de que la Subdere informe antes del 31 de marzo los criterios usados para distribuir los recursos y también se suprime la exigencia de la Subsecretaría de Salud Pública de reportar el cronograma y la ejecución del programa.
Asimismo, el Fondo Concursable deja de tener un monto fijo y queda establecido en “hasta” $150 millones.
Ley Cholito: Una nueva batalla por el Presupuesto
El impacto específico en cada comuna aún es difícil de calcular. El proyecto no establece anticipadamente cuánto recibirá cada municipio, ya que esa distribución queda posteriormente en manos de la Subdere.
Sin embargo, la magnitud del recorte ya transformó a la Ley Cholito en otro foco de disputa del primer presupuesto presentado por la administración Kast.
La oposición anunció que buscará revertir la medida y el Gobierno tendrá que explicar no solo por qué reduce casi un 86% el programa, sino también por qué, mientras las transferencias caen cerca de 95%, los recursos para honorarios administrativos se mantienen casi sin cambios.
Una discusión presupuestaria que, además, terminó reviviendo una votación que parecía enterrada en la historia legislativa de Kast.
En 2017 fue el único diputado que levantó la mano contra la Ley Cholito. Nueve años después, ya en La Moneda, será su Gobierno el que deba persuadir al Congreso para que apruebe el mayor recorte a los fondos que posibilitan su financiamiento.
