Este jueves se dará a conocer la sentencia del primer juicio oral en Chile bajo la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales, en el que un empresario enfrenta hasta 8 años de prisión por presuntas intervenciones en un humedal y talas en Mariquina, región de Los Ríos.
Su defensa afirmó que se está sobredimensionando la magnitud del perjuicio al aplicarse la nueva normativa.
Cristian Zaro es un empresario que llegó a la región de Los Ríos con el propósito de desarrollar actividades agroindustriales, y por ello compró un terreno en el sector Yeco de la comuna de Mariquina.
No obstante, el Ministerio Público lo acusó por trabajos realizados en el predio entre 2023 y 2024, que incluyen la tala de árboles y el vertido de material en un humedal próximo al río Lingue, lo que habría causado daños ambientales. En consecuencia, pide una pena de 8 años de prisión y una multa que supera los 1.700 millones de pesos.
Según la Fiscalía, esas labores habrían sido ejecutadas sin las autorizaciones pertinentes, alegación que rechazó el abogado defensor, Juan Carlos Vidal, quien puso en duda las pruebas mostradas en el juicio y afirmó que su cliente posee los permisos y el Plan de Manejo de la Conaf.
Vidal negó que exista un perjuicio ambiental en el sitio, y señaló que se está magnificando el alcance del asunto por ser el primer proceso en el país amparado por la nueva Ley de Delitos Económicos y Medioambientales.
“Lo que se está acusando es que la afectación del río Lingue es tan grande que prácticamente habría acabado con la vida silvestre, sin embargo ya hay árboles nativos plantados y en crecimiento, por lo que no existe daño. Han exagerado esto para dar la impresión de una catástrofe, por ser la primera causa a nivel nacional”, precisó .
El defensor subrayó que, según la normativa vigente, el perjuicio debe ser de carácter significativo, por lo que puso en tela de juicio su aplicación en este expediente al señalar que se pretende equiparar con la destrucción de un glaciar o un incendio en una reserva natural.
En contraparte, el fiscal Carlos Bahamondes explicó que las sanciones están previstas en la nueva ley.
“La naturaleza del delito es comparable a cualquier otro, como un robo o un homicidio. La pena está establecida en la ley. No es una ocurrencia de nadie; la conducta investigada encaja en lo que la normativa describe y por ello la ley establece una sanción”, afirmó el persecutor.
El juicio oral dio inicio la semana pasada y este jueves se anunciará el veredicto, que definirá si el empresario es culpable o inocente de las presuntas afectaciones ambientales ocurridas en la comuna de Mariquina.
