Alertando sobre un aumento en el hurto de ruedas de vehículos, los diputados del Partido Republicano Macarena Santelices, Catalina del Real y Alejandro Riquelme presentaron la iniciativa legislativa «Rueda Segura». El proyecto pretende desarticular el comercio ilegal de accesorios para automóviles mediante una modificación a la Ley de Tránsito.
Específicamente, la propuesta propone incorporar el artículo 39 ter a la Ley N° 18.290, disponiendo que toda persona natural o jurídica que se dedique habitualmente a la venta de llantas o de conjuntos de llanta y neumático usados deberá llevar un registro obligatorio, ya sea en formato físico o electrónico.
Dicho libro de control deberá identificar al vendedor, consignar la procedencia declarada de la pieza, indicar la fecha de adquisición y anotar los datos del comprador, conservando esos antecedentes durante un año y poniéndolos a disposición de las policías y de la Fiscalía.
Republicanos instan a clausurar el comercio informal
Al respecto, Santelices manifestó que «detrás de cada rueda sustraída existe un mercado informal que alimenta a la delincuencia. Como parlamentarios, nuestra prioridad es devolver la tranquilidad a los chilenos, y para ello debemos golpear con decisión la cadena de receptación. Si cerramos ese mercado informal y dificultamos la reventa inmediata, el negocio de robar ruedas dejará de ser atractivo para el delincuente«.
Por su parte, Del Real recalcó que «esta iniciativa no pretende crear nuevas burocracias ni ampliar el Estado con organismos adicionales, sino que establece una obligación básica y ágil de control comercial para proteger el bolsillo y el esfuerzo de los chilenos».
En tanto, Riquelme agregó que «este proyecto retoma la misma línea de la exitosa ley que impuso el grabado de patentes en vidrios y espejos para frenar el robo de vehículos. Hoy aplicamos ese principio de trazabilidad a las ruedas. Estamos entregando herramientas concretas a Carabineros, a la PDI y al Ministerio Público para que puedan inspeccionar los locales comerciales y fiscalizar de manera eficaz el origen de lo que se vende en el país».
La propuesta legislativa comenzará ahora su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, donde sus autores confían en reunir un respaldo transversal que posibilite una tramitación rápida.
