La Corte Suprema admitió un recurso de nulidad presentado por la defensa del juez Juan Carlos Maggiolo Caro, quien había sido sentenciado a tres años y un día de prisión tras protagonizar una colisión múltiple en la que murió una persona. Por la Ley Emilia, la sentencia anulada lo obligaba a cumplir como mínimo un año de cárcel efectiva. No obstante, la resolución quedó sin efecto porque el máximo tribunal concluyó que uno de los magistrados que dictó la sentencia tenía comprometida su imparcialidad.
Maggiolo, titular del Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso, había sido encontrado responsable del delito consumado de incumplimiento de la obligación de detenerse, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad en un accidente de tránsito.
Tras la decisión del máximo tribunal, Maggiolo conservará su cargo, que sólo podría perderse ante una condena firme y ejecutoriada, lo que podría demorar un par de años, puesto que deberá celebrarse un nuevo juicio. Mientras tanto, continúa recibiendo la mitad de su remuneración porque permanece suspendido de sus funciones.
Denuncia falsa
El 18 de agosto de 2023, a las 23:48, Juan Carlos Maggiolo conducía su Subaru Outback por Concón cuando, al llegar al cruce de la calle Francisco Soza Cousiño con avenida Los Pellines, colisionó con un Nissan V16 que no respetó un ceda el paso. Como consecuencia del impacto, un tercer automóvil también chocó contra el Subaru de Maggiolo.
La sentencia ahora anulada establecía que, tras el choque, el juez descendió del vehículo y se dio a la fuga sin brindar auxilio a las personas lesionadas. La pasajera que ocupaba el asiento del copiloto del Nissan V16 falleció en el lugar sin poder ser reanimada, mientras que otra persona que iba en el asiento trasero sufrió lesiones de menor gravedad.
Aunque Maggiolo denunció al día siguiente que su automóvil había sido robado, en el juicio el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar acreditó que en realidad él era quien conducía.
De ese modo, en mayo de 2025 el juez fue condenado a tres años y un día de prisión por darse a la fuga sin prestar auxilio. Por esos hechos, la Ley Emilia le imponía la obligación de cumplir al menos un año en presidio efectivo; para el resto de la pena se le concedió el beneficio de la libertad vigilada intensiva.
No obstante, nunca llegó a ingresar en la cárcel. Una semana después del fallo, el juez presentó un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El TC suspendió la causa y en enero de este año rechazó el requerimiento de Maggiolo.
Días más tarde, el juez presentó un recurso de nulidad ante la Corte Suprema, alegando la falta de imparcialidad de sus pares del TOP de Viña del Mar.
Sanción previa al juez señalada por Maggiolo
La defensa sostuvo que el magistrado de Viña del Mar Fernán Rioseco Pinochet ―uno de los tres jueces que condenaron a Maggiolo y autor del fallo― había sido sancionado disciplinariamente por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en abril de 2023. En esa oportunidad, coincidentemente, Maggiolo actuó como ministro suplente del tribunal de alzada y votó a favor de imponer a Rioseco una amonestación privada, la misma sanción que finalmente se aplicó.
Este lunes la Corte Suprema avaló el argumento de Maggiolo. En una decisión dividida, con el voto en contra de la ministra suplente Carolina Catepillán, la Segunda Sala del máximo tribunal concluyó que Rioseco debió haber informado a las partes de una posible inhabilidad, o derechamente haberse abstenido de revisar el caso.
Según el fallo, redactado por el ministro Leopoldo Llanos, la sanción a Rioseco no podía considerarse como un “antecedente inocuo, puesto que su comportamiento fue objeto de escrutinio, ponderación y reproche” por parte de Maggiolo:
―Resulta posible que el ahora adjudicador, en su aproximación al caso sometido a su decisión, no guarde la mirada de un tercero completamente desvinculado del hecho y sus actores (…) al tener en esta instancia la posibilidad de sopesar y castigar la conducta de quien ya se inclinó en su contra ―indica el fallo.
Como consecuencia, se deberá celebrar un nuevo juicio ante un tribunal que no esté inhabilitado. Por ahora, Juan Carlos Maggiolo seguirá ostentando su calidad de juez de la República. El magistrado permanecerá suspendido de sus funciones mientras el proceso penal no esté resuelto, por lo que continuará recibiendo la mitad de sus remuneraciones ―alrededor de $4 millones mensualmente―. Solo una condena firme y ejecutoriada podría costarle la pérdida de su investidura.
