Este sábado la Armada informó que se apartó a otros dos servidores navales que quedaron formalizados en el contexto de una investigación por la violación grupal de una joven en Rapa Nui, en la región de Valparaíso.
El viernes, en el Juzgado de Letras y Garantía de Isla de Pascua, se efectuó la formalización de cargos contra dos funcionarios de la Armada acusados de haber violado a una joven de 23 años en dependencias de la Guarnición Marítima en la isla. Ambos quedaron con prisión preventiva y se suman a otros dos servidores navales formalizados anteriormente por el mismo caso.
Destituyen a funcionarios implicados en presunta violación grupal
Al igual que ocurrió con los primeros imputados en esta causa, la Armada optó por separar a estos miembros de la institución. Así se consignó en un comunicado:
“Que, sin perjuicio de la investigación sumaria administrativa ordenada instruir, cuyo objeto es establecer las eventuales responsabilidades administrativas por infracciones a la reglamentación interna de la institución, los dos nuevos servidores navales involucrados fueron desvinculados, por ser su permanencia perjudicial para el servicio, en uso de las facultades establecidas en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas”.
Asimismo, reiteraron su disposición a colaborar de manera transparente con las autoridades competentes y con los tribunales de justicia ordinaria, con el propósito de garantizar el total esclarecimiento de los hechos.
“La Armada reafirma su profundo compromiso con el pueblo de Rapa Nui, asegurando la continuidad de sus labores clave en el territorio. Sus esfuerzos seguirán enfocados en garantizar la conectividad marítima, asistir a la comunidad ante catástrofes naturales y salvaguardar la vida humana en el mar”, añadieron en el comunicado.
Los dos últimos formalizados cumplirán la medida cautelar de prisión preventiva en un establecimiento naval. No obstante, el abogado querellante anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, sosteniendo que los artículos 434 y 137 del Código de Justicia Militar, que regulan el lugar de cumplimiento de la privación de libertad para el personal militar, serían contrarios a la Constitución.
El plazo fijado para la investigación de esta denuncia por violación grupal fue establecido en 80 días.
