El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, expresó su esperanza de que el imputado por el asesinato del sargento segundo de Carabineros Jaime Urrea, ocurrido en Quilleco, reciba la sanción más grave que permita la ley. Añadió que el Gobierno seguirá de cerca la investigación y mostró su confianza en que el Ministerio Público llevará la causa con todo el rigor.
En el marco de una visita a Los Ángeles, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó el homicidio del efectivo policial, sucedido la noche del pasado domingo durante un procedimiento por violencia intrafamiliar en una vivienda de la comuna de Quilleco.
Tras participar en la primera Feria de Seguridad Rural, organizada por la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabío), el secretario de Estado valoró que la persona imputada haya quedado en prisión preventiva y recordó que el tribunal estableció un plazo de cuatro meses para la investigación.
Arrau explicó que el Gobierno, en su calidad de querellante, seguirá de cerca el desarrollo de la causa, en especial porque habrá que ratificar la formalización, toda vez que el imputado fue detenido cuando el funcionario aún vivía.
En ese sentido, aseguró que se ha dispuesto un equipo jurídico especializado para intervenir en el proceso y procurar la máxima pena prevista en la normativa.
“Contamos con un equipo de abogados de primer nivel que sigue esta causa para lograr la pena más elevada posible”, afirmó.
El ministro recordó que la legislación chilena aplica castigos muy duros a quienes asesinan a funcionarios policiales y remarcó la necesidad de desarrollar una investigación minuciosa.
“Hoy en día, matar a un carabinero en Chile conlleva penas muy elevadas y por eso es esencial realizar un proceso adecuado”, sostuvo.
Además, dijo confiar en el trabajo del ente persecutor y agregó que espera que el Ministerio Público lleve la causa con el rigor que suele desplegar.
Arrau pone énfasis en la Ley Nain-Retamal y en el respaldo a las policías
En su intervención, el titular de Seguridad Pública también aludió al impacto de las normas aprobadas por el Congreso en materia de seguridad, destacando la Ley Nain-Retamal y otras disposiciones destinadas a reforzar la protección de los funcionarios policiales.
“Las iniciativas que tramitan los parlamentarios en el Congreso tienen efectos concretos en la calle. La Ley Nain-Retamal es un ejemplo. Hay un mayor respaldo”, señaló.
En ese marco, defendió las modificaciones introducidas por esa normativa respecto al empleo de la fuerza por parte de las policías.
Explicó que ahora corresponde demostrar el uso ilegítimo de la fuerza, es decir, se parte de la presunción de que la actuación policial fue correcta, porque de lo contrario existiría un fuerte desincentivo al uso de la fuerza.
Finalmente, Arrau abordó la inminente entrada en vigor de las nuevas reglas sobre uso de la fuerza, apuntando que permitirán fijar criterios más claros para la actuación policial.
“Las reglas sobre uso de la fuerza, cuando entren en vigor dentro de unas semanas, harán justamente eso: establecer un protocolo claro que respalde a nuestras policías”, indicó.
Según el ministro, esas disposiciones definirán criterios precisos para que el uso de la fuerza sea racional, conforme a la ley y aplicado solo cuando sea necesario.
