La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados dio su visto bueno por unanimidad, en términos generales, al proyecto que propone endurecer las penas cuando la extorsión se use como método de control territorial, mediante cobros de protección o imposiciones económicas reiteradas a emprendedores y comerciantes.
La iniciativa, presentada por la bancada comunista, cita como ejemplo a un comerciante de Santiago que fue obligado a abonar un “derecho de piso” de 10 millones de pesos al denominado “Cartel de las Vacunas”.
La propuesta incorpora como agravantes el pago reiterado, la intimidación, la asociación criminal, que la víctima sea comerciante y las amenazas a la vida, imponiendo una pena de presidio mayor en su grado medio a máximo, es decir, entre 10 y 20 años de cárcel. Asimismo, no se condiciona la aplicación de la agravante a que el pago se haya concretado.
Igualmente, quien forme parte de la cadena de pagos sabiendo su origen enfrentará sanciones que van desde presidio menor en su grado máximo hasta presidio mayor en su grado mínimo —entre 3 y 10 años—.
El diputado Bernardo Salinas sostuvo que no debe normalizarse la práctica de cobrar cuotas por protección.
Durante la discusión general se señalaron discrepancias sobre el texto, en especial en lo relativo a las penas, ya que podrían superponerse e incluso ser superiores a las establecidas para delitos más graves como el homicidio.
No obstante, esos aspectos pueden modificarse en la etapa de discusión particular, donde se espera que el Ministerio de Seguridad, junto a la Fiscalía, participe para entregar su criterio técnico.
El presidente de la comisión, el diputado republicano Cristián Araya, indicó que este texto puede servir como punto de partida para la discusión.
La Comisión fijó como plazo para presentar indicaciones el próximo 19 de octubre, tras la semana distrital, y encomendó al diputado Salinas la tarea de socializar el proyecto con el Ejecutivo.
