El gobierno del presidente José Antonio Kast declaró ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que el aborto no es un derecho reconocido internacionalmente, en una intervención en la que también defendió el derecho a la vida y afirmó que corresponde a cada Estado determinar su propia regulación jurídica.
Esta postura fue comunicada el pasado 7 de octubre por Fernando Cabezas, ministro consejero y representante permanente adjunto de Chile ante los organismos internacionales con sede en Ginebra.
Lo expresó en una explicación de voto tras la votación de la resolución L.34, vinculada a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.
Aunque el debate se centraba en el acceso a esos servicios básicos, el diplomático chileno incorporó una declaración sobre la posición del Ejecutivo en materia de aborto y solicitó expresamente que quedara registrada en las actas de la sesión.
“Asimismo, queremos dejar constancia, y solicitamos a la Secretaría que esta declaración se incorpore a las actas de la presente sesión, de que el Gobierno de Chile promueve y protege el derecho a la vida, conforme a su ordenamiento jurídico y a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, sostuvo Cabezas.
A continuación, el representante chileno expuso la interpretación del Ejecutivo sobre el reconocimiento internacional del aborto.
“En este marco, entendemos que, dentro de los derechos sexuales y reproductivos, el aborto no se configura como un derecho reconocido a nivel internacional, dado que su delimitación y definición jurídica dependen de la normativa interna de cada Estado”, afirmó.
Chile solicita acotar el lenguaje empleado en las resoluciones de la ONU
En su intervención, Cabezas añadió que Chile sigue comprometido con la implementación del derecho humano al agua potable y al saneamiento, y reconoció la relación de estos servicios con la salud y la salud mental de mujeres y niñas.
No obstante, el delegado del Ejecutivo afirmó que las resoluciones internacionales deberían ceñirse exclusivamente a los asuntos que pretenden abordar.
“También estimamos que mantener un lenguaje estrictamente relacionado con el tema de la resolución favorecería el consenso y facilitaría la comprensión de cada asunto”, señaló.
La postura formulada por Cabezas contrasta con el tratamiento que diversos organismos de Naciones Unidas han dado a los derechos ligados a la salud sexual y reproductiva.
En efecto, un informe de Naciones Unidas sobre Chile, publicado en 2025, aborda de manera explícita el derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva y las obligaciones estatales relacionadas con su protección.
La declaración, formulada en nombre del Estado chileno, también pone de manifiesto un cambio de énfasis en la política exterior respecto de la administración del expresidente Gabriel Boric, que promovió los derechos sexuales y reproductivos como parte de su agenda de derechos humanos y su política exterior feminista.
De este modo, el Gobierno de José Antonio Kast se distancia de su antecesor en un tema de alta sensibilidad política, llevando al plano internacional las discrepancias entre ambas administraciones sobre el alcance y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.
