A pocos días de conmemorarse un nuevo aniversario del Estallido Social de 2019, la discusión sobre los indultos vuelve a presionar al presidente José Antonio Kast para que haga efectiva su promesa de campaña.
El debate ha generado dos focos de tensión sobre La Moneda: mientras la derecha intenta sacar provecho de la fecha para obtener una señal concreta, diversas figuras políticas discrepan acerca de si procede o no aplicar consideraciones humanitarias.
La diputada del movimiento libertario Paulina Muñoz sugirió que el séptimo aniversario del Estallido Social sería la oportunidad para anunciar indultos a los uniformados condenados por hechos ocurridos en ese periodo.
“No podemos dar la sensación de incoherencia, porque esa es la señal política que espera la ciudadanía. Además, señor presidente, quienes pusieron su confianza en usted le entregaron su voto”, planteó.
Al mismo tiempo, el fallecimiento del exlautarista Juan Manuel Aliste Vega reavivó la discusión sobre qué destino deben tener los condenados que afrontan enfermedades terminales y hasta qué punto debe extenderse el criterio humanitario.
En ese contexto apareció Carolina Tohá. La exministra afirmó que toda persona en fase terminal debería poder pasar sus últimos días en su casa, incluidos quienes cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos.
Su postura recibió un inesperado apoyo desde el Partido Republicano. La diputada Paz Charpentier valoró lo planteado por Tohá, aunque aprovechó la instancia para exigir a la centroizquierda que marque distancia del Partido Comunista (PC) y del Frente Amplio (FA).
“Me satisface que en este tema el sentido de humanidad sea más transversal de lo que algunos han sugerido en los últimos días. Yo espero que esto sea un paso para que la centroizquierda finalmente marque diferencias con el Partido Comunista y el Frente Amplio”, señaló.
La propuesta también provocó reparos desde la vereda opuesta. La senadora Fabiola Campillai rechazó la idea de equiparar delitos comunes con las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
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Asimismo, cuestionó que las dolencias físicas puedan transformarse en un recurso para acceder a beneficios.
“La derecha intenta emparejar la situación. Toda enfermedad real debe ser tratada con la seriedad que corresponde, pero no podemos usarla como una moneda de cambio”, indicó.
De ese modo, la discusión sobre los indultos avanza por distintos frentes: los libertarios presionan a Kast para que el 18 de octubre entregue una señal a los uniformados condenados por el estallido, mientras el caso de Aliste desató un debate transversal sobre los límites del criterio humanitario.
En medio de ambos conflictos, La Moneda mantiene, hasta ahora, su postura de revisar los indultos presidenciales caso a caso, sin fijar una fecha para tomar decisiones.
