En medio del anuncio del Gobierno sobre un reforzamiento de la fiscalización minera para hacer frente a la cadena de accidentes fatales en distintas faenas, el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 plantea una reducción de la dotación máxima de funcionarios del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), entidad encargada de supervisar la seguridad de las operaciones extractivas.
Según una investigación publicada este viernes por Ciper, la propuesta presupuestaria del Ejecutivo propone disminuir de 365 a 341 los cargos máximos autorizados para el servicio, lo que implicaría una merma de 24 puestos, equivalente al 6,6%.
El ajuste también impactaría al Programa de Seguridad Minera, cuya dotación máxima quedaría en 148 a 134 funcionarios, es decir, 14 cargos menos, lo que representa una reducción próxima al 10%.
Además, según los antecedentes difundidos por el medio de investigación, se contempla una reducción del 5,7% en bienes y servicios de consumo.
Aunque una disminución de la dotación máxima no implica necesariamente despidos, sí establece un nuevo límite para las contrataciones del organismo en momentos en que el Ejecutivo pretende ampliar su capacidad de fiscalización.
En su respuesta a Ciper, Sernageomin afirmó que el presupuesto general del servicio para 2027 considera un aumento del 2%. También señaló que la dotación efectiva de funcionarios durante este año está por debajo del máximo propuesto para el próximo ejercicio.
Gobierno asegura que intensificará las fiscalizaciones pese a la baja en cargos
La propuesta presupuestaria contrasta con el anuncio realizado este viernes por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien se comprometió a aumentar los recursos para reforzar las labores de Seguridad Minera en 2027.
La autoridad indicó que el Ejecutivo pretende alcanzar 13 mil fiscalizaciones anuales, lo que supondría un alza del 30% respecto de 2026.
Del mismo modo, el Gobierno busca ampliar al 50% la cobertura de faenas mineras fiscalizadas, mediante el fortalecimiento de los equipos de inspección, la incorporación de nuevas tecnologías y la adquisición de equipamiento preventivo.
Sin embargo, el anuncio deja pendiente una interrogante sobre el financiamiento de estas medidas.
Esto se explica porque, mientras el Ejecutivo no presente la indicación correspondiente en la tramitación presupuestaria, no será posible medir el impacto económico del reforzamiento anunciado más allá de las metas de fiscalización comprometidas.
En concreto, aún no se sabe cuántos recursos adicionales recibirá Sernageomin, de qué manera se financiará el aumento de su capacidad fiscalizadora ni si el Gobierno modificará la reducción de cargos incluida en el proyecto original.
Tampoco está claro por ahora si el refuerzo implicará un incremento del máximo de dotación autorizada o si las metas se cumplirán mediante una redistribución interna de funcionarios y recursos.
Accidentes mortales intensifican la presión sobre la seguridad minera
El debate se produce en medio de una serie de accidentes fatales que han vuelto a situar la seguridad de las faenas mineras entre las prioridades del Ejecutivo.
Ante este escenario, el Ministerio de Minería convocó una Mesa por la Seguridad Minera, instancia que reúne a representantes de trabajadores, empresas, gremios, parlamentarios y Sernageomin para evaluar las medidas de prevención y fiscalización.
Al anunciar la convocatoria, el biministro Daniel Mas advirtió sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes para evitar nuevas tragedias.
“No podemos normalizar que un trabajador salga de su hogar para aportar al desarrollo del país y no regrese con su familia”, sostuvo la autoridad.
El secretario de Estado agregó que los recientes accidentes obligan a revisar las deficiencias en prevención y a fortalecer la cultura de seguridad en todos los niveles de la industria.
En ese marco, el Ejecutivo se comprometió a avanzar hacia la meta de cero fatalidades, mediante un mayor despliegue fiscalizador y la coordinación entre los distintos actores del sector.
Los ajustes también generan inquietud respecto a peligros geológicos
La investigación de Ciper puso también el foco en las posibles repercusiones de los recortes presupuestarios sobre las funciones de prevención y monitoreo de peligros geológicos que desarrolla Sernageomin.
Esas tareas comprenden la identificación de zonas expuestas a amenazas naturales y la elaboración de información técnica que sirve para la prevención de emergencias y la planificación territorial.
En declaraciones recogidas por Ciper, la exencargada de la Unidad de Peligros Geológicos del servicio, Francisca Falcón, manifestó preocupación por una posible disminución de recursos, considerando los desafíos vinculados al cambio climático y la necesidad de mejorar la información disponible sobre amenazas geológicas.
Por su parte, Sernageomin dijo al medio que entre sus prioridades para 2027 están el fortalecimiento de las alertas tempranas, las capacidades fiscalizadoras y la continuidad del monitoreo volcánico.
Así, mientras el Gobierno anuncia un aumento de fiscalizaciones y mayores recursos para prevenir accidentes, su propuesta presupuestaria inicial contempla reducir el tope de funcionarios del organismo encargado de ejecutar esas labores.
La interrogante ahora es si las modificaciones que presente el Ejecutivo durante la discusión del Presupuesto 2027 permitirán revertir esos ajustes y financiar el reforzamiento anunciado, cuyo alcance económico aún está por precisarse.
