La Defensoría de la Niñez señaló que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla recortes en programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes que necesitan protección por parte del Estado. Entre esos recortes, detectó una merma cercana al 7% en la financiación conjunta del cuidado alternativo y casi un 59% en los recursos destinados a adopción.
La advertencia proviene de un informe de su Observatorio de Derechos, en el marco de la discusión presupuestaria. El análisis revisó 197 asignaciones de gasto orientadas directamente a la infancia y la adolescencia: 102 se reducen, 63 aumentan y 32 permanecen en niveles similares, en comparación con el presupuesto ajustado de 2026.
Pese a que el total de los recursos estudiados registra un incremento global del 0,81%, la institución pidió evaluar individualmente cada prestación y cómo las disminuciones podrían repercutir sobre quienes las reciben.
“El debate no puede limitarse a si el presupuesto total sube o baja. Lo esencial es saber qué pasará con los niños, niñas y adolescentes que actualmente reciben una prestación, si su atención continuará, con qué cobertura y bajo qué estándares de calidad. Cada disminución debe estar debidamente fundamentada y considerar alternativas cuando corresponda”, indicó el defensor de la Niñez, Anuar Quesille.
Defensoría de la Niñez alerta por Presupuesto 2027
En materia de cuidado alternativo, el informe detecta una reducción conjunta de casi el 7%, considerando tanto las prestaciones de administración directa como las desarrolladas por organismos colaboradores. La asignación destinada a estos últimos cae un 12,06%.
Asimismo, se registra una caída aproximada del 59% en los recursos identificados para programas de adopción. La Defensoría plantea que la justificación de esta baja debe evaluarse a la luz de la implementación de la nueva legislación.
“Lo que más nos inquieta es que estos recortes afecten a programas destinados a niños, niñas y adolescentes que requieren protección del Estado. Nos referimos a prestaciones que no pueden ser interrumpidas ni deteriorarse por decisiones presupuestarias”, advirtió Quesille.
“Por esa razón, es imprescindible que el Gobierno explique cómo garantizará su continuidad y calidad. Las restricciones fiscales no pueden traducirse en retrocesos en la protección de los derechos de la niñez”, agregó.
El organismo también puso el foco en Diagnóstico Clínico Especializado y Pericia, ante las listas de espera existentes. En este caso, la magnitud de la baja varía notablemente según la comparación: llega al 28,52% frente al presupuesto original de 2026, pero apenas al 0,67% respecto del presupuesto ajustado en su ejecución.
Educación y justicia juvenil también registran bajas
En el ámbito educativo, el estudio registró una disminución cercana al 72% en las partidas examinadas de Becas y Asistencialidad Estudiantil, explicada en gran parte por la eliminación del financiamiento del Programa de Becas de Acceso a TIC.
También se identificó una reducción cercana al 31% en recursos destinados al Mejoramiento de la Calidad de la Educación, respecto del presupuesto ajustado de 2026. Este rubro incluye iniciativas vinculadas a la educación técnico-profesional pública, el aprendizaje del inglés y los liceos emblemáticos.
En justicia juvenil, el gasto en personal de los centros de administración directa disminuye entre un 7,7% y un 12,3%, según la base de comparación utilizada. La Defensoría solicitó evaluar esta situación mientras se discute una reforma a la responsabilidad penal adolescente que podría aumentar la población privada de libertad.
El informe también registra aumentos en intervenciones ambulatorias de reparación, fortalecimiento y vinculación familiar, en las Oficinas Locales de la Niñez y en el Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil. Asimismo, observa incrementos en educación parvularia y en salud, en este último caso principalmente por el financiamiento de hospitales pediátricos.
Otra observación advierte que el proyecto no incorpora la glosa que exigía elaborar un informe anual sobre inversión y gasto público en niñez y adolescencia.
En el marco de la tramitación presupuestaria, la Defensoría pedirá a Hacienda transparentar las comparaciones entre el presupuesto original y el ajustado de 2026, y que fundamenten los efectos previstos de las reducciones sobre la cobertura y calidad de las prestaciones.
