El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, respaldó este miércoles la reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) promovida por el Gobierno, poniendo en duda la manera en que el organismo utilizó las acciones penales durante el estallido social de 2019.
Durante su exposición ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el secretario de Estado afirmó que el INDH presentó 3.263 querellas criminales en el contexto del estallido social, y sostuvo que apenas 68 de ellas habrían tenido «algún destino», en sus palabras.
«No cabe ninguna duda de que ha habido un abuso en el ejercicio de la acción penal», dijo Rabat al justificar uno de los cambios más importantes de la iniciativa: suprimir la facultad del Instituto para presentar querellas criminales.
El ministro señaló que el Ministerio Público es el organismo autónomo encargado de ejercer la persecución penal en Chile. Además, recordó que la atribución del INDH para querellarse fue incorporada durante la tramitación de la ley que creó la institución, producto de un veto de la entonces presidenta Michelle Bachelet.
Cambios al INDH: menos consejeros y modificación de atribuciones
La iniciativa, ingresada el lunes al Congreso, plantea reducir el Consejo del INDH de 11 a cinco miembros y crear una Dirección Ejecutiva encargada de la administración y del funcionamiento del organismo.
Uno de los ajustes más relevantes afecta sus potestades judiciales: el proyecto propone sustituir la capacidad de presentar querellas criminales por la facultad de interponer denuncias institucionales ante las autoridades competentes.
No obstante, el INDH conservaría la prerrogativa de presentar recursos de amparo y de protección.
Rabat aseguró que la reforma no busca debilitar la defensa de los derechos humanos y resaltó que la propuesta también incluye la posibilidad de emitir opiniones especializadas ante los tribunales como amicus curiae, además de elaborar informes técnicos y recomendaciones sobre iniciativas legislativas.
Gobierno plantea un consejo transitorio de dos años
El subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, explicó que la reforma considera la creación de un consejo implementador conformado por cinco integrantes, nombrados por el Senado a partir de una nómina presentada por el presidente de la República.
Este organismo contaría con un mandato de dos años, sin opción de reelección, y tendría la responsabilidad de redactar los nuevos estatutos y definir los procedimientos para implementar la nueva estructura institucional.
Al finalizar ese periodo, el INDH quedaría con un consejo permanente de cinco miembros, que incluiría representantes de la sociedad civil, la academia y el Congreso.
La propuesta también permitiría que el Instituto apruebe sus propios estatutos sin requerir la autorización del presidente de la República, una medida que el Ejecutivo presenta como un mecanismo para reforzar su autonomía.
