La oposición lanzó una nueva ofensiva contra el Gobierno del presidente José Antonio Kast, después de que un reportaje de BioBioChile diera cuenta de 33 condenados por delitos sexuales contra menores que obtuvieron rebajas de penas durante la actual administración. Parlamentarios pidieron que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de la cartera dejen sus cargos, y reclamaron acciones inmediatas para resguardar a las víctimas frente al riesgo de que los condenados reincidan.
Las reacciones se produjeron luego de una investigación de BBCL Investiga, que identificó a 33 de los 56 condenados por delitos sexuales contra menores que recibieron reducciones de condena mediante decretos emitidos durante el Gobierno de Kast.
Los antecedentes recién conocidos aumentaron las críticas a la continuidad de las autoridades de Justicia, tanto por la información que no se habría comunicado a las víctimas como por el alcance de las decisiones del Ejecutivo.
Campillai y Manouchehri responsabilizan a Kast y piden explicaciones por las rebajas de condenas
Entre las declaraciones más enérgicas estuvo la de la senadora independiente, Fabiola Campillai, quien responsabilizó directamente al mandatario por mantener en sus puestos a quienes firmaron los decretos.
“El presidente Kast afirma que se hace responsable de beneficiar a criminales de la peor calaña; sin embargo, quienes firmaron los decretos siguen en el gobierno y cuentan con su respaldo”, criticó.
En ese sentido, señaló que el presidente no debe atribuir la responsabilidad a las instituciones y reclamó que haya consecuencias políticas.
“El presidente no debería responsabilizar al Estado: fue su gobierno el que falló a las víctimas, con la firma y el timbre del ministro y el subsecretario de Justicia”, manifestó.
“Rabat y Silva tienen que renunciar de inmediato; que sigan en el gobierno perjudica gravemente a las víctimas y al país”, añadió la parlamentaria.
El diputado socialista Daniel Manouchehri también se sumó a los cuestionamientos y responsabilizó políticamente al Presidente por mantener su apoyo al titular de Justicia.
“Kast está protegiendo a Rabat y tendrá que responder por las decisiones de su gobierno a favor de pederastas. Si alguno de los beneficiados vuelve a abusar de un niño, Kast será responsable. Tendrá que enfrentar a las víctimas”, advirtió.
Schneider critica la falta de transparencia y pide explicaciones al Ejecutivo
La diputada del Frente Amplio Emilia Schneider describió la información revelada como “realmente macabra” y acusó al Ejecutivo de no transparentar quiénes recibieron los beneficios.
“El gobierno no se ha pronunciado ni ha actuado con transparencia. Esto, a mi juicio, confirma lo arbitraria y discrecional que fue la decisión, pues no responde a ningún criterio técnico de justicia”, señaló.
La diputada alertó además sobre el peligro que, según planteó, representan algunos de los condenados beneficiados y dirigió un emplazamiento al mandatario.
“Debe destituir al ministro Rabat y al subsecretario Silva, informar al país y a las víctimas sobre quiénes fueron liberados y, finalmente, explicar las razones de esta decisión”, demandó.
Schneider agregó que el Ejecutivo debería aclarar si las medidas adoptadas tienen alguna relación con posibles beneficios para personas condenadas por violaciones a los derechos humanos.
Opositores piden resguardar a las víctimas y analizan revertir los decretos
El diputado Jaime Araya solicitó que se reúna un comité de emergencia para analizar medidas de protección para las víctimas, y advirtió que algunos de los beneficiados presentan un alto riesgo de reincidencia.
“Las víctimas y sus familias desconocen si vuelven a estar en peligro. El gobierno debe adoptar urgentemente todas las medidas necesarias para protegerlas”, afirmó.
También planteó que el Ejecutivo revise las alternativas para anular los decretos, de acuerdo con las facultades de invalidación administrativa establecidas en la Ley 19.880.
“El gobierno cuenta con esa atribución y debe ejercerla”, sostuvo Araya, en oposición a lo señalado por el Ministerio de Justicia, que ha sostenido que los beneficios no pueden revertirse.
Los nuevos antecedentes sobre las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra niños son gravísimos. Entre los beneficiados hay personas con alto riesgo de reincidencia.
Ni las víctimas, ni sus familias saben si están nuevamente en riesgo, es urgente que el gobierno tome todas las medidas para garantizar la protección de las víctimas.El presidente Kast debe actuar como Jefe de Estado, y citar a un comité de emergencia, que tenga como foco, impedir nuevas agresiones, mientras resuelve dejar sin efecto los decretos.
En la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos se le otorga a la autoridad la facultad de invalidar actos administrativos, los decretos en este caso. La facultad existe, y el gobierno debe usarla.— Jaime Araya Diputado (@Dip_JaimeAraya) October 27, 2026
Por último, el diputado comunista Luis Cuello pidió también la renuncia del ministro Rabat y afirmó que los antecedentes han agravado la crisis política del Gobierno.
“El Gobierno de Kast está perdiendo respaldo político y moral. Rabat tiene que renunciar”, publicó en su cuenta de X.
Pederastas con riesgo de reincidencia: estos son 33 de los 56 beneficiados por Rabat y compañía.
El Gobierno de Kast se desfonda política y moralmente.
Rabat debe renunciarhttps://t.co/lgJlvOXXJT
— Luis Cuello Diputado (@luiscuellop) October 27, 2026
Las declaraciones muestran que la presión opositora sobre el Ministerio de Justicia vuelve a intensificarse, después de que el Gobierno defendiera la legalidad de los decretos y descartara anteriormente que pudieran ser revocados.
