Dos horas para dar explicaciones y un futuro político en juego. Esta tarde, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, comparecerá ante una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados para abordar las rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad. La instancia se desarrolla mientras la oposición impulsa una acusación constitucional, desde el oficialismo piden su salida y surgen nuevas críticas al subsecretario Luis Silva.
La sesión, fijada entre las 15:00 y las 17:00 horas, pondrá a prueba la capacidad del ministro para defender su gestión al mando de la cartera.
Si bien la instancia no definirá si continúa en el cargo, sus argumentos serán evaluados por una Cámara en la que, según informó Radio Bío Bío, alrededor de diez parlamentarios oficialistas ya solicitaron su renuncia.
Pese a ello, La Moneda mantiene su apoyo al ministro. Rabat acudirá al hemiciclo con el respaldo del presidente José Antonio Kast, mientras la oposición avanza en la preparación de una acusación constitucional.
La oposición alista una acusación y el oficialismo pide explicaciones por las decisiones de Rabat
El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, asistió a una reunión de la oposición convocada para coordinar las medidas contra Rabat. Allí advirtió que las críticas también involucran a otras autoridades del Ejecutivo.
Soto sostuvo que la sesión especial de esta tarde será una prueba decisiva para el Gobierno, el ministro Rabat, el subsecretario Silva y el presidente Kast. Añadió que impulsarán todas las acciones de fiscalización para que se determinen las responsabilidades políticas.
Fuentes de La Radio señalaron que una eventual renuncia del ministro podría detener la presentación de la acusación. No obstante, algunos parlamentarios opositores estarían dispuestos a continuar con la ofensiva incluso si Rabat deja el cargo.
Las objeciones también provienen del oficialismo. El presidente de la Cámara, el diputado UDI Jorge Alessandri, criticó que el Gobierno no recurriera a los tribunales para intentar impedir las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.
Alessandri afirmó que cada diputado decidirá cómo proceder y que habrá que ver si, durante las dos horas de sesión, el ministro logra explicar las causas del error y justificarlo políticamente.
El origen de la polémica es la decisión del Ministerio de Justicia de otorgar beneficios administrativos aplicando criterios basados en fallos de la Corte Suprema.
Entre los cuestionamientos figuran casos en que el Ejecutivo habría concedido las rebajas antes de que hubiera una resolución judicial, la ausencia de participación de las víctimas y la relevancia otorgada a los informes de Gendarmería sobre el riesgo de reincidencia.
