El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha impuesto sanciones a cuatro personas y 41 entidades vinculadas a la estructura corporativa y financiera del grupo criminal transnacional Prince Group, al que se acusa de gestionar complejas redes internacionales de ciberestafas, blanqueo de capitales y trata de personas. Washington también ha sancionado individualmente a un ciudadano malasio por liderar una red de estafadores asentada en África.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó en el comunicado de la OFAC que "las redes de ciberestafas siguen robando miles de millones de dólares a víctimas estadounidenses y utilizan sofisticadas estructuras empresariales internacionales para blanquear sus ganancias ilícitas". También destacó la voluntad de Washington de "desmantelar cada capa de estas organizaciones". Las sanciones se enmarcan en la orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó en marzo para combatir la ciberdelincuencia y los planes de extorsión dirigidos desde el extranjero.
De acuerdo con el Gobierno estadounidense, la mayoría de las operaciones de Prince Group se llevan a cabo en complejos de estafas del sudeste asiático. Allí, personas sometidas a trata y coacción son forzadas a cometer fraudes por internet, incluidos engaños de inversión en activos digitales y estafas románticas.
Las nuevas sanciones se dirigen a intermediarios financieros, sociedades instrumentales y empresas ‘offshore’ –con conexiones en Hong Kong, las Islas Vírgenes Británicas, Camboya y Singapur– que colaboraban con los dirigentes del grupo para ocultar bienes y esquivar las sanciones previas, impuestas en octubre de 2025 y junio de 2026.
Tras las sanciones, coordinadas con el FBI, el Departamento de Justicia y las autoridades del Reino Unido y las Islas Vírgenes Británicas, quedan bloqueados todos los bienes e intereses de las personas y entidades afectadas que estén en Estados Unidos o bajo el control de ciudadanos estadounidenses. Asimismo, las entidades financieras y los particulares de Estados Unidos tienen prohibido, en términos generales, efectuar operaciones con los sancionados, bajo amenaza de importantes sanciones civiles y penales.
