Menos persecutores disponibles para investigar, mayores obstáculos para llevar causas a juicio e incluso la opción de pedir sanciones menores en delitos sexuales graves: ese es el panorama que expuso el fiscal nacional, Ángel Valencia, al cuestionar los fondos asignados al Ministerio Público en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027.
Este viernes, Valencia objetó los ajustes propuestos por el Ministerio de Hacienda para costear la puesta en marcha de la Fiscalía Supraterritorial y el incremento progresivo de fiscales. Según señaló, los cambios podrían aplazar la llegada de nuevos persecutores, pese a que la institución soporta una carga que este año ya rebasó los dos millones de denuncias.
“Menos recursos es impunidad y tenemos autoridad hoy día para afirmarlo”, advirtió Valencia. Añadió que la falta de funcionarios incide tanto en los plazos de investigación como en la posibilidad de llevar ante los tribunales los delitos de mayor gravedad.
Fiscal Nacional cuestiona Presupuesto 2027 para Ministerio Público
El fiscal nacional manifestó su disconformidad después de que el miércoles la Subcomisión Mixta de Presupuestos respaldara por unanimidad la iniciativa del Ejecutivo para el Ministerio Público.
La propuesta incluye suprimir la asignación presupuestaria exclusiva de la recientemente creada Fiscalía Supraterritorial y traspasar esos fondos al programa central de la institución.
Valencia puso el foco, no obstante, en el calendario. Explicó que Hacienda busca aplazar la entrada de una parte importante de los fiscales destinados a la nueva unidad, con lo que su implementación tomaría más tiempo.
“Se pretende por parte de Hacienda que, en el caso por ejemplo de la Supraterritorial, estos fiscales en lugar de entrar en marzo, en enero o en abril, como le dijimos a Hacienda que podía ser, dos tercios de los fiscales entran en diciembre del próximo año”, indicó.
En opinión del titular del Ministerio Público, la medida ralentizaría el crecimiento de la dotación que ya fue aprobado por ley.
“En los hechos significa que una gradualidad de dos años que acabas de aprobar recién se transforma en una gradualidad de tres. En lugar de avanzar estamos pendientes de contener de nuevo otro retroceso”, manifestó.
Valencia afirmó que la Fiscalía ha dialogado con Hacienda para zanjar las diferencias y procurar que no se postergue la incorporación de los nuevos persecutores.
Más de dos millones de denuncias y fiscales insuficientes
Valencia también advirtió que la cantidad de funcionarios que se espera sumar en los próximos cuatro años no bastaría para que el Ministerio Público atienda adecuadamente el creciente volumen de causas.
La Fiscalía recibió más de dos millones de denuncias durante 2026, dijo, una carga que resulta difícil de gestionar con la dotación actual. “El aumento de fiscales que está previsto en cuatro años no alcanza a cubrir, por supuesto, ese aumento de causas”, sostuvo.
“Lo único que estamos haciendo es reduciendo el retroceso y esta gradualidad que estaba prevista, además, la dilatan en lugar de anticiparla”, recalcó.
La advertencia por los delitos sexuales grave
La crítica más severa de Valencia, sin embargo, se refirió al impacto que podría tener la escasez de fiscales en la persecución de delitos graves.
El jefe del Ministerio Público explicó que una dotación reducida puede llevar a los persecutores a recurrir a procedimientos abreviados en causas que podrían llegar a juicio oral. También, indicó, podrían solicitar penas menores a las que se buscarían en un juicio oral, debido a la falta de personal para tramitar las investigaciones.
“En términos sencillos, con menos fiscales, si quisiéramos ir con más causas por delitos sexuales graves a juicio oral, tengo que ir a abreviado, tengo que pedir penas más bajas porque no tengo suficientes fiscales”, afirmó.
Su planteamiento es que las limitaciones presupuestarias no se quedan en el ámbito administrativo, sino que podrían afectar la forma en que se investigan y se persiguen penalmente ciertos delitos.
“Es así, menos recursos es impunidad y tenemos autoridad hoy día para afirmarlo, porque en los últimos tres años hemos conseguido, con los recursos que contamos, reducir la brecha de impunidad”, concluyó.
El fiscal nacional espera que las conversaciones con Hacienda permitan ajustar los plazos de implementación antes del cierre del debate presupuestario.
