Santiago Peña, quien permanece como presidente de Paraguay a un día de presentar su renuncia, solicitó este viernes un plazo adicional de al menos 72 horas para responder al juicio político que tramita el Congreso del país sudamericano. El proceso se originó tras el escándalo financiero provocado por la caída de Ueno Bank.
El día anterior, el mandatario había asegurado que asistiría este viernes para ejercer su “derecho a la defensa” en el juicio político, relacionado con la crisis que siguió al cierre de Ueno Bank. Su comparecencia estaba fijada para las 10:00 horas en el Senado paraguayo.
Pero el presidente señaló en sus redes sociales: “Solicité una ampliación de 72 horas para presentar mi defensa”.
Al explicar su petición, sostuvo: “Recibí la notificación a las 22:15, junto con un escrito acusatorio y cerca de 300 páginas de anexos, y quieren que conteste en menos de 12 horas. Eso no constituye un debido proceso“.
“Presentaré mi versión ante toda la ciudadanía, aunque sea incómoda para diversos actores políticos. No evadiré mi compromiso con la gente, y mucho menos en tiempos difíciles”, enfatizó.
He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso.
Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles.
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026
El jueves, cabe recordar, Peña presentó su renuncia a la Presidencia de Paraguay. No obstante, continúa en el cargo porque el Congreso no alcanzó el quórum necesario para votar su dimisión, luego de que legisladores del oficialista Partido Colorado —al que pertenece el mandatario— se retiraran de la sala.
Esto ocurrió pese a que el oficialismo había comunicado que apoyaría la renuncia presidencial.
El titular del Senado, Basilio Núñez, anunció que citaría a los senadores este viernes para proseguir con el juicio político contra Peña, que la Cámara de Diputados había aprobado por unanimidad horas antes. La destitución requiere el respaldo de 30 de los 45 integrantes de la Cámara Alta.
La destitución tendría consecuencias concretas, más allá de lo simbólico: si es removido, Peña no podrá convertirse en senador vitalicio ni acceder a los fueros asociados a ese cargo.
Por lo tanto, si se presentan acusaciones por posibles delitos, los antecedentes pasarían directamente al Ministerio Público, la Fiscalía, y él perdería gran parte de su inmunidad.
La renuncia de Peña se produjo tras la intervención de Ueno Bank. La grave falta de liquidez de la entidad —que desencadenó una crisis financiera y política en Paraguay— dejó temporalmente a millones de clientes, incluidos pensionistas, sin poder acceder a sus fondos.
