La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó una querella por injurias contra el empresario español Víctor de Aldama, quien afirmó que ella entregó dinero para financiar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), partido que está en el Gobierno de España.
La acción legal se interpuso por el delito de injurias en respuesta a las afirmaciones de Aldama, quien sostuvo que Rodríguez le dio un sobre relacionado con la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para aportar fondos al partido del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
En un comunicado, los abogados de Rodríguez, del despacho del exjuez Baltasar Garzón, indicaron que la presidenta encargada rechaza las acusaciones «de forma rotunda».
La defensa considera que las declaraciones del empresario podrían ser constitutivas de injurias, pues le atribuyen hechos presuntamente falsos que se difundieron públicamente por distintos medios de comunicación.
Antecedentes del caso
El asunto se remonta a marzo pasado, cuando Aldama presentó ante la Audiencia Nacional española un supuesto sobre en relación con una investigación por fraude en el sector de los hidrocarburos.
En el contexto de esa investigación, un informe de la Guardia Civil incorporó la fotografía de un sobre marrón cuyo remitente era el expresidente de PDVSA, Manuel Quevedo, y cuya destinataria figuraba como Delcy Rodríguez.
No obstante, los abogados de la presidenta encargada afirman que ella desconocía tanto la existencia del sobre como su contenido, y niegan que se lo hubiera entregado a Aldama.
La querella también señala que el documento no ofrece pruebas que permitan establecer que Rodríguez fuera quien presuntamente hizo la entrega.
Acción legal por las declaraciones
La defensa objetó además que el empresario relacionara a la mandataria con supuestos delitos, aunque, según sostiene, ella no está siendo investigada en esa causa.
La querella se presentó después de que el abogado de Aldama anunciara, el pasado 16 de julio, que su cliente no se retractaría de lo que había declarado.
El empresario recibió una condena de cuatro años y medio de cárcel por corrupción en contratos públicos para comprar mascarillas durante la pandemia de covid-19. Sin embargo, la pena quedó suspendida debido a su colaboración con la justicia.
Por último, la acción judicial pide que se soliciten a las cadenas Telemadrid y Cuatro las grabaciones completas de las entrevistas en las que Aldama formuló las acusaciones, emitidas los días 4 y 5 de febrero de 2026, además de su declaración ante el tribunal.
