El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, reafirmó la posición del gobierno sobre los beneficios que permiten disminuir las penas de personas condenadas por delitos graves, en medio de la polémica surgida, entre otros hechos, por la reducción de la condena a un homicida durante la administración de José Antonio Kast.
El secretario de Estado señaló que existe una ley vigente desde 2003, junto con otras normas que hacen posible acceder a estos beneficios.
En ese contexto, afirmó que el Ejecutivo estima que se deben promover reformas legales para limitar el acceso a estas medidas y garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas.
La controversia que reabrió el debate esta semana fue dada a conocer por BBCL Investiga y se refiere a Peter Andrés Rojas Gallardo, sentenciado a cinco años de presidio por el homicidio de Jorge del Carmen Frez Olivares, un hombre de 83 años. El crimen ocurrió en agosto de 2022 en la comuna de Catemu, región de Valparaíso.
Al ser consultado sobre el tema, el ministro de Seguridad respondió: “Nos hemos referido ampliamente a estos temas. Voy a repetir siempre lo que hemos dicho del Ministerio de Seguridad, que es lo que a nosotros nos compete, recordar que hay una ley del año 2003 que habilita gran parte de estas cosas, aparte de otras normas que habilitan rebaja de condenas y ciertamente, cosas que la gente llama la puerta giratoria”.
También sostuvo que la labor policial se lleva a cabo, pero que se requieren cambios legislativos para hacer frente a esta situación.
“La policía cumple con su tarea, y desde el Ministerio de Seguridad hemos señalado en distintas ocasiones que es preciso modificar varias leyes para que las condenas se cumplan y resulte más difícil acceder a estos beneficios”, añadió.
Así, el Ejecutivo reiteró que considera necesario revisar las normas que regulan el acceso a rebajas de condena y establecer requisitos más estrictos para quienes buscan obtenerlas.
