La norma de vivienda ratificada este jueves por el Congreso español autoriza extender por dos años los contratos de alquiler que expiren antes de 2029 y fija límites a las revisiones anuales de las rentas hasta finales de 2027.
La disposición, vigente desde el 8 de octubre, además frena los desahucios de alquiler de hogares vulnerables que carezcan de otra opción habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030. También restringe hasta esa fecha la adquisición de viviendas por parte de los «grandes tenedores», definidos como propietarios de más de diez inmuebles o de cinco en zonas declaradas tensionadas.
Además, establece normas para los alquileres temporales y por habitaciones, aplica un IVA del 10 % a las viviendas turísticas, reduce al 4 % el impuesto para la vivienda protegida y contempla ventajas fiscales para inquilinos y propietarios, junto con préstamos públicos sin intereses para cubrir el pago inicial de una hipoteca.
El Ejecutivo encabezado por el socialista Pedro Sánchez logró aprobar, con 35 votos favorables y 34 en contra, la mayor parte de las medidas contra la crisis habitacional. La iniciativa se impulsó tras el desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años, episodio que desató una fuerte indignación y protestas masivas.
Respaldaron el decreto el Partido Socialista (PSOE), su aliado en el Gobierno de coalición, Sumar, las fuerzas nacionalistas ERC, Bildu y PNV, además de Podemos, partido de izquierda.
En contra votaron el Partido Popular (PP), la formación ultraderechista Vox y el partido nacionalista catalán Junts.
Las principales disposiciones del decreto de vivienda
Estas son las medidas más destacadas de la norma ratificada:
1.- Los contratos de alquiler que expiren antes del 31 de diciembre de 2028 podrán renovarse por periodos anuales, hasta un máximo de dos años.
2.- Hasta el 31 de diciembre de 2027, el alza anual de la renta tendrá un límite del 0 % si supera el máximo fijado por el índice de precios de referencia del Ministerio de Vivienda, y del 2 % si se mantiene por debajo de ese umbral.
3.- El alquiler temporal deberá durar al menos 31 días y no más de doce meses; además, será obligatorio acreditar el motivo de su temporalidad.
4.- El total cobrado por alquilar una vivienda por habitaciones no podrá exceder la renta establecida para arrendar la vivienda completa en un único contrato.
5.- Se paralizarán hasta el 31 de diciembre de 2030 los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador sea una empresa dedicada a la especulación con edificios residenciales.
En el caso de los demás propietarios, la suspensión del desahucio se evaluará cada doce meses y podrá prolongarse por un máximo de tres años.
6.- Hasta el 31 de diciembre de 2030, se vetará la compra de viviendas por grandes tenedores y por distintas entidades.
7.- Desde el 1 de diciembre de 2026, los alquileres turísticos estarán sujetos a un IVA del 10 %.
8.- Los propietarios que no sean grandes tenedores podrán acceder a rebajas fiscales si reducen la renta más de un 5 % frente al contrato previo. Los porcentajes de reducción irán del 15 % al 100 %, en función de distintas circunstancias.
9.- Los contribuyentes con ingresos anuales inferiores a 33.007,20 euros podrán deducir en el impuesto sobre la renta (IRPF) el 10 % de lo pagado durante el año por el alquiler de su vivienda habitual.
10.- El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ofrecerá préstamos de hasta 50.000 euros para el pago inicial —equivalente al 20 % del valor— de la primera vivienda, sin intereses ni comisiones.
11.- Se aplicará un impuesto especial a las socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario).
12.- Los municipios podrán imponer un recargo del 50 % en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a viviendas desocupadas durante más de dos años sin justificación, siempre que estén fuera de zonas declaradas tensionadas y sean de propietarios con cuatro o más inmuebles residenciales. Si la vivienda permanece vacía más de tres años, el recargo podrá alcanzar el 100 %.
13.- El IVA de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) con calificación permanente o indefinida bajará al 4 %.
14.- Se constituirá el Fondo de Vivienda de Impacto Social, dependiente del Ministerio de Vivienda, para apoyar la construcción de viviendas de impacto social por proveedores sociales. Su dotación inicial será de 400 millones de euros.
15.- La publicidad, promoción y oferta de alquileres residenciales quedará regulada: todos los anuncios deberán señalar el índice de referencia del precio y el límite de renta correspondiente en las zonas sujetas a restricciones legales, además de indicar si el arrendador es un gran tenedor.
