La diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, envió oficios a la Policía de Investigaciones (PDI) y a la Defensoría Penal Pública para pedir información sobre las detenciones de personas por publicaciones en redes sociales o mensajes en aplicaciones de mensajería que habrían sido considerados amenazas contra el presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
La fiscalización apunta a determinar cómo operan las alertas que las plataformas digitales —en particular Meta— envían a las policías, cuántos procedimientos se han iniciado a partir de ellas y si las diligencias han respetado las garantías constitucionales y legales.
En los documentos, fechados el 11 y 12 de noviembre, la parlamentaria menciona al menos siete detenciones ocurridas entre junio y octubre de este año por expresiones que presuntamente fueron consideradas amenazantes contra las dos autoridades.
Entre los casos citados figuran procedimientos en Cunco, Chillán y Linares. En este último, una adolescente de 17 años fue detenida y el Juzgado de Garantía declaró ilegal la detención.
“Hemos conocido de al menos tres casos, uno de ellos que termina en una detención ilegal por amenazas al presidente José Antonio Kast. No toda amenaza debe ser investigada, tiene que ser verosímil. Y no confundir amenazas que no son verosímiles con sátiras o con críticas políticas”, sostuvo Fries.
Solicitan información sobre detenciones tras alertas de Meta por amenazas a Kast
En el oficio dirigido al director general de la PDI, Eduardo Cerna, y al ministro de Seguridad Pública, Martin Arrau, Fries pidió una copia completa del convenio, protocolo o documento que establece cómo se reciben las alertas de Meta y otras plataformas digitales, así como información sobre su sustento legal.
Asimismo, solicitó aclarar qué antecedentes reciben las policías —por ejemplo, si incluyen mensajes directos, chats grupales o publicaciones con acceso limitado— y si piden información adicional a las empresas sin contar previamente con una autorización judicial.
Sobre los procedimientos, Fries pidió el número de detenciones efectuadas desde el 11 de marzo de 2026, con un desglose entre aquellas realizadas por orden judicial y en situación de flagrancia. También solicitó cifras de casos con menores de edad y de detenciones que posteriormente fueron declaradas ilegales.
Por otro lado, pidió a la Defensoría Penal Pública estadísticas de las causas por amenazas contra autoridades en las que ha asumido la defensa desde enero de 2024, incluidos los resultados judiciales, las medidas cautelares y las eventuales declaraciones de ilegalidad de detenciones.
La diputada también hizo hincapié en las actuaciones que involucran a adolescentes. En el oficio señaló que, de acuerdo con información difundida sobre el caso de Linares, la joven habría sido interrogada sin un defensor presente y sin que se le informaran sus derechos.
Fries señaló que el artículo 31 de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente establece que debe intervenir un defensor en las actuaciones que van más allá de comprobar la identidad.
“Si dejamos de lado esta diferencia, puede ocurrir algo muy complejo para una democracia: la persecución”, afirmó.
La diputada indicó que sus solicitudes buscan precisar hasta dónde pueden llegar las actuaciones policiales ante este tipo de alertas. “Los delitos hay que investigarlos; pero la libertad de expresión hay que garantizarla”, concluyó.
