Entrevista de Tomás Mosciatti a David Bravo: "Este podría ser el primer gobierno en negarse a entregar la encuesta Casen"

David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, abordó el complejo panorama laboral que vive Chile. Según explicó, el país acumula 31 meses con una tasa de cesantía superior al 8%, cifras que calificó como una verdadera “emergencia laboral”. Recordó que utilizó este concepto ya en enero de 2022, antes del inicio de la actual administración, advirtiendo que la situación no podía ser minimizada.

El académico detalló que, aunque la tasa de ocupación ha mostrado leves mejoras tras la pandemia, aún falta recuperar cerca de 290 mil empleos para alcanzar los niveles previos a la crisis sanitaria. Comparó las actuales cifras con las registradas en 2010, cuando Chile enfrentaba la crisis financiera internacional y las secuelas del terremoto, señalando que ambos periodos reflejan un mercado laboral en crisis.

Bravo fue crítico con la falta de reacción del gobierno. A su juicio, no se reconoció la magnitud del problema, y se impulsaron medidas, como el alza del salario mínimo, que pudieron agravar el desempleo en un escenario de debilidad. “Cuando hay un problema que no se reconoce, evidentemente no se aborda”, afirmó, cuestionando la prioridad dada a la situación laboral en la agenda pública.

Otro aspecto que destacó fue la inconsistencia en los datos sobre empleo formal e informal. Mientras las cifras del INE muestran un aumento de la formalidad, los registros de cotizantes revelan una caída de 145 mil trabajadores. Esta discrepancia de más de 500 mil empleos, dijo, debe ser aclarada por la entidad estadística, ya que afecta la lectura real del mercado de trabajo.

El economista también llamó la atención sobre los rezagos en la inserción laboral de personas mayores de 50 años, quienes, tras perder sus empleos en pandemia, no han logrado reinsertarse. A ello se suma la situación de las mujeres, cuya tasa de desocupación alcanza al 9,7%, reflejando con mayor fidelidad la fragilidad del empleo en el país.

Bravo criticó además la postergación en la entrega de los datos de la encuesta Casen hasta enero de 2026, lo que, según indicó, impide evaluar con transparencia indicadores clave como pobreza, educación o salud. Acusó una ruptura en la institucionalidad creada precisamente para evitar el uso político de estas cifras, advirtiendo que este podría ser el primer gobierno en negarse a entregar información de evaluación social.

Finalmente, subrayó que las decisiones en materia de pensiones y empleo requieren instituciones sólidas y disciplina fiscal, pues lo que está en juego, insistió, es la calidad de vida de las personas. “Menor empleo es más pobreza”, recalcó, llamando a reconocer la emergencia laboral para enfrentarla con políticas adecuadas.