Condenado por Matanza Laja San Rosendo ingresa a cárcel de Alto Hospicio tras ser arrestado en Cesfam

El ministro en visita de causas de derechos humanos de las cortes de Apelaciones de Concepción y Chillán, Waldemar Koch Salazar, ordenó el ingreso al penal de Alto Hospicio del teniente en retiro de Carabineros, Alberto Juan Fernández Michell, para que cumpla su condena por la Matanza de Laja San Rosendo, hechos registrados durante la dictadura militar.

El exuniformado estuvo prófugo desde marzo de 2024, cuando la Corte Suprema lo condenó como autor del homicidio calificado de 19 trabajadores de la papelera de Laja y personal de Ferrocarriles. Las víctimas fueron detenidas, en su mayoría en su lugar de trabajo, y posteriormente ejecutadas en el Fundo San Juan de Yumbel. En el mismo lugar sus cuerpos fueron enterrados por los mismos carabineros.

Los asesinados corresponden a Fernando Grandón Gálvez, Jorge Andrés Lamana Abarzúa, Rubén Antonio Campos López, Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Armando Ulloa Valenzuela, Óscar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Enrique Garfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Juan Antonio Acuña Concha, Juan de Dios Villarroel Espinoza, Heraldo del Carmen Muñoz Muñoz, Federico Riquelme Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio, Manuel Mario Becerra Avello, Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Mario Jara Jara, Wilson Gamadiel Muñoz Rodríguez y Alfonso Segundo Macaya Barrales.

De acuerdo con lo informado, personal de la Policía de Investigaciones detuvo al prófugo cuando asistió a un Centro de Salud Familiar en Iquique.

Caso Laja San Rosendo

El 11 de septiembre de 1973, día en que es derrocado el gobierno constitucional, la Junta Militar declara el estado de sitio en todo el país, nombrando como jefe de zona en la provincia de Biobío al coronel de ejército y comandante del Regimiento con asiento en Los Ángeles, Alfredo Rehren Pulido, quien instruye al jefe de la Tenencia de Carabineros de Laja, teniente Alberto Fernández Michell, que detenga a los dirigentes políticos de las organizaciones del sector con ideas de izquierda y que sean contrarios al régimen militar y los envíe al Regimiento de Los Ángeles.

En ese contexto, a solicitud de Fernández, “dos suboficiales confeccionaron una lista con aquellas personas que estimaron peligrosas y junto a un piquete de carabineros comandados por el propio teniente Michell entre el 13 y el 17 de septiembre de 1973, concurrieron hasta la planta de CMPC de Laja y se entrevistaron con Pedro Jarpa Foerster, jefe del personal de seguridad de la planta, a quien le piden que les indique quiénes eran los dirigentes sindicales, lo que este cumple, señalándole a algunos de ellos, mientras los trabajadores hacían una fila para registrar su salida de la empresa, facilitando su identificación y por orden del señalado oficial, detuvieron a Fernando Grandón Gálvez, Jack Gutiérrez Rodríguez, Heraldo Muñoz Muñoz, Raúl Urra Parada, Federico Riquelme Concha, Juan Villarroel Espinoza y Wilson Muñoz Rodríguez”, se lee en el fallo de la Corte Suprema.

Posterior a eso, todos fueron trasladados a la unidad policial de Laja. Para esos fines usaron diversos vehículos, entre los cuales estaba un jeep Land Rover de propiedad de la CMPC, conducido por el chofer de la empresa, Osvaldo Vásquez Vásquez.

En paralelo, detienen en sus domicilios a Juan Carlos Jara Herrera, Luis Armando Ulloa Valenzuela, Óscar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Enrique Gárfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Juan Antonio Acuña Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio, Manuel Mario Becerra Avello, Mario Jara Jara y Alfonso Segundo Macaya Bárrales. Además, se presentaron voluntariamente en la tenencia Jorge Andrés Lamana Abarzúa y Rubén Antonio Campos López, el primero acompañado por el sacerdote Félix Eicher Bongartz, los que también quedaron detenidos.

Todos son ingresados en los calabozos de la unidad policial, sin orden legal ni judicial que lo autorizara, permaneciendo en el lugar hasta la noche del 17 de septiembre de 1973. La idea original era trasladarlos hasta el Regimiento de Los Ángeles, pero tras un llamado, Fernández Michell resuelve trasladarlos al Fundo San Juan de Yumbel.

En el lugar, cuando los detenidos se encontraban absolutamente indefensos y amarrados de manos, son obligados “a tenderse en el suelo, boca abajo, al borde de una depresión del terreno y mientras eran alumbrados por los focos de los vehículos de esta caravana, dispuso (Fernández) que los funcionarios policiales se ubicaran frente a ellos y desenfundando su revólver, dio la orden de dispararles, la cual fue cumplida por los carabineros que estaban posicionados en la línea de tiro, disparando sus armas e impactando a las víctimas con múltiples impactos balísticos en sus cuerpos, causándole la muerte en el acto”.

Luego, los mismos funcionarios policiales, premunidos de palas que portaban al efecto, cavaron una fosa de 60 centímetros de profundidad, donde arrojaron los cuerpos, los que cubrieron con tierra y algunas ramas.