SII amplía querella contra alcalde Chamorro y exconcejal en caso Puerto Coronel por no declarar rentas

El Servicio de Impuestos Internos (SII) amplió la querella por delitos tributarios en contra del alcalde Boris Chamorro y el exconcejal Eduardo Araya en el marco de la indagatoria por el caso Puerto Coronel, en la región del Biobío.

De acuerdo a la acción legal, los querellados habrían cometido los delitos de “omisión maliciosa de declaraciones exigidas por ley” y la presentación “maliciosa” de “declaraciones anuales a la renta”, ya sean “incompletas o falsas” durante los años tributarios 2022, 2023 y 2024″.

En octubre del año pasado, el Servicio de Impuestos Internos detectó “una serie de irregularidades tributarias” ocurridas en el Puerto Coronel durante la administración de Eduardo Hartwig. Lo que habría beneficiado, “entre otros”, al alcalde Boris Chamorro.

Según los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa, se estableció —según el querellante— que el expresidente de la portuaria, mediante “el uso de facturas ideológicamente falsas extraía fondos de la misma” a través de una sociedad propietaria de Víctor Olivares, exproveedor de la compañía.

Habría sido mediante ese empresario que Boris Chamorro y Eduardo Araya habrían recibido millonarias sumas de dinero mediante diferentes pagos desde Puerto Coronel.

No declararon rentas percibidas

El Servicio de Impuestos Internos revela que el jefe comunal y exconcejal “no declararon las rentas percibidas ni los impuestos que las afectaban, cometiendo así los delitos que motivan esta querella”.

Por lo anterior, se concluye que el perjuicio fiscal actualizado a diciembre del año pasado, para los años tributarios entre 2022 y 2024, “asciende a la suma total de 32.003.982 pesos” entre ambos querellados, de los cuales, alrededor de 21 millones corresponderían al alcalde Chamorro.

Con lo anterior, a juicio del SII, “se desprende el dolo de los querellados”, dado el vínculo entre Eduardo Hartwig, Víctor Olivares y distintos gerentes de la portuaria.

La querella por delitos tributarios fue declarada acogida a trámite, donde se solicitan diligencias a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones. Con ello se abrió una causa distinta a la del llamado Caso Puerto Coronel.