Corte de Apelaciones acepta solicitud de desafuero contra el diputado Sergio Bobadilla (UDI)

La Corte de Apelaciones de Valparaíso aceptó la solicitud de desafuero en contra del diputado Sergio Bobadilla (UDI), solicitada por la periodista Josefa Barraza, a raíz de publicaciones presuntamente falsas del parlamentario.

Todo surge a raíz de posts donde el gremialista hace referencia al reportaje de BBCL Investiga, “‘Toño Marchant te puso en mi camino’: los chats secretos con periodista que sellaron caída de Llaitul“, que revelan mensajes del líder de la CAM, algunos de ellos con Barraza.

Según indicó la denunciante, Bobadilla manipuló y amplificó lo expuesto en publicaciones mediante X (ex Twitter).

Allí, entre otras cosas, el parlamentario indicó que Barraza tenía contratos con la Municipalidad de Recoleta y aseguró que “Llaitul con la periodista viene a confirmar la creación de un Califato en el sur de Chile, a cargo de un califa”, lo que fue desmentido.

Lo anterior, lo hizo sumando una imagen de un chat entre Barraza y el líder de la CAM, que también sería falsa.

Así las cosas, la periodista interpuso la solicitud acusando al diputado del delito de injurias graves con publicidad. En tanto, la Corte la acogió, afirmando que, de la documentación presentada, “emanan claramente expresiones proferidas o acciones ejecutadas en deshonra, descrédito o menosprecio de la querellante“.

Bobadilla confirma que apelará a la Corte Suprema

Tras conocerse el fallo, el diputado UDI dijo tener “plena confianza en los tribunales de mi país”, confirmando que apelará a la Corte Suprema.

“En los próximos días mi abogado hará la apelación a la Corte Suprema, y esperaré con total y absoluta tranquilidad porque tengo la más absoluta convicción que no he difamado ni he injuriado a nadie“, aseguró Bobadilla.

Esta solicitud de desafuero se suma a otras dos que se encuentran en tramitación, una respecto al caso del diputado Joaquín Lavín (exUDI) y otra apelada a la Corte Suprema por parte del diputado Miguel Ángel Calisto (Ind-Demócratas).

Si a estas se suman los casos de Mauricio Ojeda, Francisco Pulgar y Catalina Pérez, al término del periodo serían seis los parlamentarios con solicitudes de desafuero completadas.

¿Qué significa el desafuero?

Cabe recordar que en el artículo 61 de la Constitución Política de la República está consagrado un privilegio para los diputados/as y senadores/as: el fuero parlamentario.

Este indica que “ningún diputado o senador, desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa”.

En ese contexto, son los jueces quienes resuelven si un parlamentario puede o no ser procesado por la eventual comisión de un delito, pronunciándose respecto a si procede -o no- la formación de causa.

¿Cómo se traduce esto? El desafuero quita la protección constitucional con la que cuentan los parlamentarios. Así, los tribunales pueden decretar medidas cautelares en su contra y/o condenarlo.

En caso contrario, si la resolución no da lugar a la formación de causa, el parlamentario queda sobreseído del delito por el que se le acusa.

Finalmente, cabe precisar que cualquiera sea la decisión del tribunal de alzada, esta puede ser apelada ante la Corte Suprema.