Prisión preventiva para 15 prestamistas ilegales: banda cobraba 20% de interés a víctimas

En prisión preventiva quedaron los 15 colombianos integrantes de una red de prestamistas ilegales investigados por usura, extorsión, lavado de activos y asociación criminal. La banda operaba en cuatro regiones del país y con las ganancias de esta actividad ilícita lograron enviar al extranjero en el último año más de 300 millones de pesos.

El tribunal dio por acreditados los delitos investigados, pese a que las defensas alegaban una indagatoria “genérica” e “imprecisa”. Esta asociación criminal operaba en las regiones del Biobío, Los Lagos, O’Higgins y Valparaíso.

En la audiencia de formalización de cargos, la jueza Milena Ubilla del Tribunal de Garantía de Concepción dio por acreditada en la etapa de formalización los delitos de usura, extorsión, lavado de activos y asociación criminal, todos ilícitos perpetrados entre 2021 y 2025. Esta indagatoria se originó tras un homicidio calificado en caleta Chome, comuna de Hualpén, donde un sujeto, también colombiano, fue hallado muerto al interior de un vehículo.

Rol de los imputados en la banda de prestamistas ilegales

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, en los años antes citados, un grupo de colombianos creó una organización criminal para otorgar préstamos informales, donde pedían un interés de un 20% del monto total y eran cobrados con cuotas mensuales o semanales, a personas o pequeños comerciantes de distintas comunas del Gran Concepción.

La banda era liderada por Marlon Correa (actualmente con orden de detención) y los hermanos Cardona Trujillo y Echeverry Cardona, que cumplían la labor de coordinación con otros integrantes para la captación de clientes y el cobro de los préstamos.

Los captadores de clientes eran María de los Ángeles León Henao, Diosa Alejandra Jirón Bedoya, Sara Alejandra Chica Trujillo (prófugas), Henao Martínez, Henao Betancur, León Henao, Landazuri Londoño, Villamil Bedoya, Galvis Trujillo y Ospina Ospina. Según se expuso en la audiencia, ellos repartían folletos informativos sobre los préstamos y se encargaban de cobrar las cuotas. También intimidaban a los que no pagaban.

León Ospina, Valencia Correa, Bedoya Carvajal, Ramírez Marín y Arcila Correa cumplían labores de supervisión, también estaban a cargo de la renovación de los préstamos, de la cuadratura de caja y de fiscalizar las rutas de los recolectores.

Los dineros obtenidos eran depositados en distintas cuentas bancarias chilenas para luego ser enviados a otras cuentas en Colombia. Los líderes y sus principales colaboradores (Marlon León, los hermanos Cardona Trujillo, Echeverry Cardona, Arcila Correa y Ramírez Marín) también usaron el dinero para adquirir 15 vehículos y 8 motocicletas.

Prisión preventiva para prestamistas ilegales

Con todos los antecedentes expuestos en la audiencia, se decretó la prisión preventiva para Nicolás Antonio Cardona Trujillo, Juan Camilo Cardona Trujillo, Andrés Mauricio Echeverry Cardona, Marcelo León Ospina, Miguel Ángel Bedoya Carvajal, Natalia Valencia Correa, Juan Pablo Ramírez Marín, Juan Diego Landazuri Londoño, María Vanessa Galvis Trujillo, Daniel Henao Betancur y Jann Marcelo León Henao, en calidad de autores de los delitos consumados de extorsión, usura, asociación criminal y lavado de activos.

La misma cautelar se aplicó a Adriana Villamil Bedoya, Saira Tatiana Ospina Ospina y Marisol Henao Martínez, por los delitos consumados de usura, asociación criminal y lavado de activos; y a Diana Yisel Arcila Correa, imputada por asociación criminal y lavado de activos.

Tanto la Fiscalía como el Ministerio de Seguridad Pública, que es querellante en esta causa, solicitaron la prisión preventiva por estimar que la libertad de los imputados es un peligro para la seguridad de la sociedad, las víctimas y testigos protegidos. Otro factor importante es el riesgo de fuga y la necesidad de asegurar el éxito de la investigación, dijo el abogado querellante que representa al Gobierno, Ignacio Sapiaín.

Defensas cuestionan investigación

Las defensas se opusieron a la cárcel para los imputados, argumentando que no se encontraban del todo acreditados los presupuestos materiales de los delitos formalizados, al tratarse de una investigación “genérica”.

Uno de los defensores, el abogado Carlos Concha, señaló que las presuntas víctimas accedieron “sin presiones a los préstamos, sabiendo las condiciones” de los mismos.

Por su parte, el defensor Eduardo Rosado apuntó a lo impreciso del proceso, ante la falta de víctimas constatadas en lo que va de investigación.

Sin embargo, el fiscal de Análisis Criminal, Mario Elgueta, señaló que existen los medios de prueba para acreditar los delitos indagados, añadiendo que, si bien la causa data de 2024, el análisis patrimonial de los imputados recoge antecedentes desde 2021.

Así las cosas, y pese a la oposición de las defensas, se decretó la prisión preventiva para los 15 ciudadanos colombianos. En la audiencia, además, se fijó un plazo de 120 días para la investigación.