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Comisión investigadora de robo de cables finalizarán tras semana distrital

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La legisladora insta a las empresas de energía a tomar medidas contra el robo de cables, que afecta gravemente a los clientes y comunidades como Talcahuano y zonas rurales. Se espera que la Comisión Investigadora vote conclusiones para combatir este mercado ilícito, reconocido por la Política Nacional contra el Crimen Organizado. En 2024, la Región del Bío Bío registró el 48% de los casos anuales de robo de cables. La diputada Joanna Pérez confía en que la prevención y persecución de este delito logren reducir los índices, como ocurrió con el robo de madera. En un caso reciente, una banda dedicada al robo de cobre enfrenta cargos de asociación criminal, lavado de activos y delitos tributarios.

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Se espera que a fin de mes finalice la Comisión Investigadora de Robo de Cables en la Cámara de Diputados, siendo el Biobío una de las zonas más afectadas por este ilícito durante los últimos años. Desde esa región, la diputada Joanna Pérez, integrante de dicha instancia, espera que con el trabajo legislativo y el compromiso de los actores que deben velar por la prevención y persecución de este delito, exista una baja en los índices tal como sucedió, por ejemplo, con la sustracción de madera.

En ese contexto la legisladora espera que las empresas a cargo de la distribución de energía adopten mayores compromisos en la prevención del robo de cables.

Lo anterior, dado que si bien las compañías disponen de seguros, estos corren por cuenta de los mismos clientes, cuya afectación se da en comunas como Talcahuano, pero también en zonas rurales, donde la electricidad permite el funcionamiento de las punteras y con ello disponer del servicio de agua potable.

Se espera que una vez terminada la semana distrital, vale decir, a fines de septiembre, se voten las conclusiones de la Comisión Investigadora, recordando que según la Política Nacional contra el Crimen Organizado se reconoce "el robo de cables como un mercado ilícito", el que afecta a empresas eléctricas y de telefonía.

En 2024 el Bío Bío registró el mayor número de casos con el 48% del total anual, equivalente a 173 de 357 episodios, cuyo delito "tiene como finalidad extraer el cobre y/o aluminio, para revenderlo en el mercado ilegal o exportarlo como “chatarra”, dado su alto valor en mercados internacionales", añaden desde la Subsecretaría de Seguridad Pública.

En ese contexto, la diputada Joanna Pérez, espera que con el trabajo legislativo y el los actores que deben velar por la prevención y persecución de este delito, exista una baja en los índices tal como sucedió, por ejemplo, con la sustracción de madera.

Uno de los últimos procesos judiciales que quedó al descubierto en la zona es el relacionado a una banda dedicada al robo de cobre, donde los imputados sindicados como líderes de la misma se encuentran en prisión preventiva, pese a la apelación presentada por las defensas.

Se trata de Marcela y Fabián Chaur Torres, locatarios coronelinos establecidos dedicados al rubro de la chaterrería, venta y compra de metales, ubicados en Villa Mora y Lo Rojas, respectivamente. A ello se le suma uno de los hijos de este último, Felipe Chaur Sáez.

Los ilícitos que investiga la Fiscalía, en ese caso, son los de asociación criminal, lavado de activos, receptación y delitos tributarios.

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