Peritaje psiquiátrico paraliza investigación contra hombre que decapitó a reo en cárcel de Concepción

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En el penal Biobío, un peritaje psiquiátrico detiene la investigación contra el hombre que decapitó a su compañero de celda. La Defensoría busca la inimputabilidad del acusado, basándose en supuestos antecedentes de esquizofrenia. El abogado de la familia de la víctima cuestiona este diagnóstico y pide determinar si hay más responsables en el homicidio. Mientras tanto, se tramita una demanda civil contra el Estado por 280 millones de pesos, culpando a Gendarmería por la falta de servicio en la cárcel donde ocurrió el crimen.

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Un peritaje psiquiátrico paralizó la investigación contra el hombre que decapitó a un compañero de celda en el penal Biobío, examen con el que la Defensoría busca la inimputabilidad del interno. El abogado querellante por la familia de la víctima cree que solo una esquizofrenia grave podría evitar el juicio por homicidio.

Fue la Defensoría Penal la que solicitó esta diligencia, argumentando ante el Juzgado de Garantía de Concepción que hay antecedentes sobre una supuesta esquizofrenia que padecería el imputado.

Cabe recordar que el 9 de diciembre de 2024, gendarmes encontraron en la celda 21 del módulo 42 el cuerpo de Vincent González Aguirre. El hombre había sido asesinado por Diego Valdés San Martín, crimen que cometió con armas blancas artesanales encontradas en la celda.

El examen ordenado por el tribunal será realizado en el Servicio Médico Legal, apostando la Defensoría a la inimputabilidad de Valdés, como explicó el defensor Pablo Ardouin.

Ponen en duda presunto diagnóstico

Por otro lado, el abogado de la madre de la víctima, Andrés Durán, se opuso a la paralización de la investigación, argumentando que debe determinarse si hay más responsables del homicidio.

Además, deslizó su duda sobre la patología de Valdés, pues el diagnóstico anterior no es por esquizofrenia grave, que es lo que se requiere para declarar la inimputabilidad de una persona.

En paralelo a la causa penal, existe una arista civil, en la cual se demanda al Estado por una indemnización de 280 millones de pesos. En la acción, la madre de Vicent González acusa la falta de servicio de Gendarmería en cuya cárcel fue asesinado su hijo.