CDE responde por reo decapitado en penal Biobío en 2024: descarta falta de servicio de Gendarmería

Con un informe de 23 páginas respondió el Consejo de Defensa del Estado (CDE) a la demanda que presentó por falta de servicio la madre de Vincent González, el reo decapitado en el penal Biobío por su compañero de celda, Diego Valdés, el 9 de diciembre de 2024.

A finales de noviembre de 2025, la madre inició la acción legal que denunciaba por negligencia a Gendarmería, la que estaba sustentada en que se mezclara una persona de bajo compromiso delictual con otro peligroso, y además no se fiscalizara la presencia de armas blancas en una celda.

Ante esto, el CDE aseguró en sus descargos que es imposible exigir a Gendarmería que evite en un 100% el porte de armas por parte de los internos de una cárcel y, además, subrayando la sobrepoblación penal que existe no solo en el penal penquista, sino también en la mayoría de los otros a nivel nacional.

Al respecto, el abogado demandante, Andrés Durán, expresó que justamente la obligación del Estado es tener el control de las cárceles y que, si eso no ocurre, entonces hay una falta de servicio.

“No puede Gendarmería excusarse, diciendo que no tienen más capacidad para tener internos. No pueden excusarse señalando que no pueden monitorear al interior de las celdas, no puede excusarse el Fisco señalando que no pueden controlar que internos tengan armas“, sentenció.

Diego Valdés, quien cumple una pena de cárcel hasta el 2039, está formalizado por el homicidio calificado de Vincent González, aunque actualmente la investigación está paralizada a la espera de un peritaje siquiátrico sobre una posible enajenación mental.