Familias de víctimas de siniestros viales denuncian lentitud de la justicia y piden avanzar con la Ley Úrsula

El dolor de perder a un ser querido o de ver a un hijo enfrentar graves secuelas tras un siniestro vial no termina con el hecho ocurrido en la calle. A esa experiencia se suman procesos judiciales que pueden extenderse durante años, altos gastos económicos y una permanente sensación de desamparo frente a instituciones que, según denuncian las familias, no siempre las reconocen ni acompañan como víctimas.

En Nuestra Casa, Natalia Stuardo, madre de Martín; Vania González, hermana de Úrsula; y Lisette Jabre, madre de Nicolás Reyes, compartieron las historias que las llevaron a conocerse, acompañarse en audiencias y formar una red de apoyo entre familias que atraviesan situaciones similares. Las tres coincidieron en que sus vidas cambiaron por completo y que la búsqueda de justicia las ha obligado a asumir una lucha que no debería recaer únicamente sobre ellas.

Vania González recordó que su hermana Úrsula murió cuando participaba en una peregrinación hacia la Virgen de San Carlos de Purén, luego de ser impactada por una conductora que manejaba en estado de ebriedad. A partir de esa experiencia, la familia comenzó a impulsar, con apoyo parlamentario, el denominado proyecto de Ley Úrsula, que busca revisar las medidas cautelares aplicadas a imputados en causas viales con resultado de muerte.

Natalia Stuardo cuestionó la absolución de la conductora imputada por la muerte de su hijo Martín. Según explicó, durante el juicio se estableció que el vehículo circulaba a exceso de velocidad en una zona escolar y que la conducción había generado un riesgo jurídicamente desaprobado. Pese a esos antecedentes, el tribunal resolvió absolverla, situación que profundizó la sensación de indefensión de su familia.

La madre aseguró que el impacto no se limita a la pérdida de Martín. Su hijo menor y el resto de la familia continúan recibiendo atención psicológica, psiquiátrica y médica por las consecuencias del trauma. “No son accidentes”, insistió al señalar que detrás de estos hechos existen decisiones como conducir a exceso de velocidad, manejar después de consumir alcohol o abandonar el lugar sin prestar auxilio.

Lisette Jabre relató que han transcurrido dos años desde el atropello que dejó a su hijo Nicolás con graves secuelas y que la audiencia de formalización fue postergada debido a un viaje programado por el imputado. La nueva fecha quedó fijada para agosto, mientras la familia continúa esperando que el proceso avance.

Nicolás sobrevivió, pero debe enfrentar problemas de orientación y necesita apoyo para trasladarse y desarrollar sus actividades cotidianas. Su madre recordó los dos meses que permanecieron junto a él en el hospital, sin saber si volvería a reconocerlos, hablar o caminar. Desde entonces, la familia ha tenido que organizar bingos y rifas para cubrir los gastos, además de enfrentar la pérdida de su vivienda durante los incendios de Penco.

Exigen justicia

Las tres mujeres señalaron que quienes provocaron estos hechos han podido continuar con sus vidas, viajar o permanecer sin medidas cautelares significativas, mientras las víctimas deben asumir las consecuencias físicas, emocionales y económicas. También lamentaron no haber recibido disculpas ni gestos de colaboración por parte de los imputados.

Durante la conversación, hicieron un llamado a dejar de utilizar automáticamente el concepto de accidente para referirse a hechos que pudieron prevenirse. También pidieron a los senadores participar en la discusión de la Ley Úrsula y avanzar en normas que restrinjan la discrecionalidad de los tribunales al momento de establecer medidas cautelares en causas con personas fallecidas o gravemente lesionadas.

Natalia Stuardo recordó además el trabajo de la Fundación Martín por la Vida, creada para generar conciencia sobre la conducción responsable, acompañar a otras familias y promover cambios que eviten nuevas muertes.