Proyecto que obligaría a escuchar latidos antes de un aborto abre debate por autonomía y derechos en Chile

El proyecto que busca obligar a las mujeres a escuchar los latidos fetales antes de acceder a una interrupción del embarazo bajo la ley de las tres causales ha generado cuestionamientos desde la medicina, el derecho y la bioética.

En conversación con Nuestra Casa, Sofía Salas, docente investigadora del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, advirtió que condicionar la prestación a este procedimiento podría transformarse en una medida coercitiva, al establecer que el equipo médico debe abstenerse de realizar la intervención si la paciente rechaza escuchar el latido.

Autonomía de la mujer y del equipo médico

La especialista explicó que uno de los principales valores en tensión es la autonomía de la gestante, quien tiene derecho a decidir si desea acceder a una prestación legal en casos de riesgo vital, inviabilidad fetal o embarazo producto de una violación.

A su juicio, el proyecto también afectaría la autonomía de los médicos que no son objetores de conciencia, ya que quedarían impedidos de efectuar el procedimiento pese a estar dispuestos a realizarlo.

Desde la bioética, sostuvo, las pacientes deben recibir toda la información disponible y contar con la posibilidad de observar una ecografía o escuchar los latidos si así lo desean, pero sin presiones que busquen modificar su voluntad.

Escuchar los latidos debería ser una opción, no una obligación

La especialista distinguió entre ofrecer esta posibilidad y establecerla como requisito. En embarazos deseados que deben interrumpirse por riesgo materno o inviabilidad fetal, algunas mujeres podrían querer conservar un recuerdo simbólico de la gestación.

Sin embargo, imponer la escucha en casos de violación o frente a una decisión ya tomada podría aumentar el sufrimiento emocional sin aportar necesariamente antecedentes que cambien la determinación de la paciente.

También precisó que existen circunstancias clínicas en las que es necesario informar sobre la presencia de actividad cardíaca fetal, aunque aquello no equivale a obligar a la mujer a escucharla.

Objeción de conciencia y acceso a la prestación

Durante la conversación también se abordaron las dificultades que enfrentan algunas pacientes para acceder a la interrupción del embarazo en zonas donde gran parte de los profesionales se declara objetor de conciencia.

La especialista planteó que las autoridades de salud deben garantizar la disponibilidad de equipos no objetores, especialmente en territorios aislados donde las mujeres no cuentan con otras alternativas de atención.

Asimismo, defendió el derecho de los médicos a declararse objetores, siempre que esta decisión individual no termine impidiendo que las pacientes reciban una prestación reconocida por la legislación.

Llamado a un debate basado en evidencia y respeto

La experta cuestionó que la discusión se concentre en posiciones ideológicas y llamó a incorporar argumentos clínicos, jurídicos y bioéticos antes de avanzar en una iniciativa de esta naturaleza.

También sostuvo que el debate debe reconocer tanto a quienes practican interrupciones del embarazo dentro de las tres causales como a quienes, por convicciones personales, se declaran objetores.

“Debemos argumentar respecto de las ideas, pero nunca descalificar a las personas”, planteó, destacando la necesidad de recuperar la capacidad de escuchar posiciones distintas sin vulnerar los derechos de las mujeres ni desconocer las convicciones de los profesionales de la salud.