Durante la jornada de este martes, la Cámara de Diputados aprobó, en su tercer trámite, el proyecto de ley que impide a personas condenadas por delitos en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) —como femicidio, homicidio o lesiones— accedan a pensiones de sobrevivencia de las víctimas.
La iniciativa introduce modificaciones al procedimiento procesal tanto en la ley de violencia intrafamiliar como en el Decreto Ley N° 3.500, que regula el sistema de pensiones.
En ese contexto, la norma establece que los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal deberán informar, de oficio en la sentencia respectiva, la existencia familiar del condenado y la víctima.
Junto con ello, los tribunales estarán obligados a consignar a la Superintendencia de Pensiones sobre los condenados en estas circunstancias, así como a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y compañías de seguros de vida, con el objetivo de impedir la entrega de estos beneficios previsionales.
Durante su primera discusión en la Cámara, se destacó que se busca fortalecer la aplicación de normas orientadas a terminar con la violencia hacia las mujeres y resguardar los derechos de las víctimas.
“Prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres nos parece fundamental”
Al respecto, la ministra de la Mujer, Judith Marín, valoró como una “buena señal” el camino de la tramitación de esta normativa, indicando que una de las mayores prioridades en la cartera es la seguridad de las mujeres.
“Prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres nos parece fundamental. Eso es lo que viene a hacer este proyecto de ley, a ser coherentes condenando la violencia contra las mujeres”, sostuvo.
Asimismo, aseguró que ya hay un total de 6 querellas por femicidios consumados presentadas por el servicio.
“Lo más importante que viene a ser este proyecto de ley es asegurar que ninguna persona condenada por delitos graves, como femicidios, pueda beneficiarse económicamente de su víctima”, afirmando que como Estado serán coherentes con condenar la violencia.
En esta línea, el proyecto impone obligaciones a los tribunales en materia de entrega de información a la Superintendencia de Pensiones respecto de sentencias y personas condenadas.
