La senadora de Renovación Nacional (RN), Paulina Núñez, abordó la eventual acusación constitucional contra el exministro de Economía, Nicolás Grau, asegurando que “hoy día es momento de diálogo” y que las herramientas de fiscalización deberían reservarse para después de la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional.
En conversación con la prensa, la parlamentaria planteó que actualmente la prioridad debe estar puesta en alcanzar acuerdos que permitan sacar adelante iniciativas clave para el crecimiento económico del país.
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Martes 26 Mayo, 2026 | 12:25
“Yo creo que hoy día es momento de diálogo, es momento de debate, es momento de saber que este proyecto tiene una tramitación clave para que el país crezca”, afirmó.
En ese contexto, Núñez sostuvo que las acciones fiscalizadoras, como una eventual acusación constitucional contra Grau, debieran postergarse hasta concluido el proceso legislativo de la megarreforma.
“Yo reservaría todas las iniciativas de fiscalización legítimas que tienen los diputados y diputadas para después del proyecto, después de la tramitación del proyecto, después de que tengamos ley”, señaló.
Gasto Fiscal y Boric
La senadora argumentó que avanzar paralelamente en acuerdos legislativos y amenazas de fiscalización podría afectar el diálogo con la oposición.
“Si un partido político de oposición se abre a lograr un acuerdo en esta materia (…), lógicamente, por otro lado, no le podemos estar diciendo que vamos a actuar con herramientas de fiscalización en contra de quienes en su momento tomaron decisiones”, indicó.
Asimismo, la parlamentaria criticó la gestión fiscal del gobierno del presidente Gabriel Boric, asegurando que existe claridad respecto a las dificultades económicas que enfrenta el Ejecutivo.
“A esta altura el país tiene claro que en materia de arcas fiscales el gobierno del presidente Boric fue bien deficiente”, afirmó, agregando que los recortes presupuestarios responderían a la compleja situación fiscal del país y no a decisiones “antojadizas”.
Finalmente, Núñez hizo un llamado al oficialismo a mantener una postura coherente entre el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados durante la discusión legislativa.
