La sesión de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, llamada a avanzar en la megarreforma, terminó en ruptura. Los senadores de oposición se retiraron al acusar que el Gobierno intentó modificar una indicación fuera de plazo y anunciaron reserva de constitucionalidad.
El conflicto se concentró en una disposición relativa al seguro aplicable cuando se invalida una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Según la oposición, el Ejecutivo buscó introducir una cuarta corrección sobre ese punto, lo que consideraron una maniobra extemporánea.
Ante ello, tres senadores de oposición abandonaron la instancia: Alfonso de Urresti (PS), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Diego Ibáñez (Frente Amplio). Con su salida, la comisión quedó integrada solo por parlamentarios oficialistas.
De Urresti tomó la palabra para justificar la medida, atribuyendo el episodio a una práctica reiterada del Gobierno y cuestionando el manejo del debate. Señaló que, tras una jornada completa de discusión, el proceso cerró con una improvisación atribuida al Ministerio de Hacienda, y advirtió que evaluarán acudir al Tribunal Constitucional.
Desde el Ejecutivo rechazaron las acusaciones de irregularidad. Afirmaron que no se trataba de una nueva indicación, sino de un ajuste a una ya presentada con patrocinio del Gobierno, dentro de lo permitido por la normativa. Fuentes oficialistas insistieron en que este tipo de correcciones son habituales en la tramitación legislativa y que la actuación se ajustó a los plazos y procedimientos, por lo que no había razones para interrumpir la sesión. Asesores del oficialismo expresaron además su molestia, sosteniendo que el Gobierno estaba disponible para modificar la regla más controvertida del debate ambiental y que el retiro fue desmedido.
La sesión concluyó con la votación de las indicaciones relativas a la RCA, aprobadas por 3–0 con solo votos oficialistas. La enmienda que originó la controversia corresponde al Artículo 14, cuya última versión sustituía la referencia a “informe de la comisión” por “informe del Tribunal Arbitral”. La reserva de constitucionalidad se fundamenta en posibles vulneraciones a los artículos 19 N° 3, 19 N° 20, 38, 76 y 77 de la Constitución, relativos al debido proceso, la igualdad ante las cargas públicas, la responsabilidad del Estado y la independencia y atribuciones de los tribunales.
El senador Ricardo Celis cuestionó el manejo del tema indemnizatorio por RCA invalidadas —incluso por tribunales ambientales—, acusando al Gobierno y al oficialismo de sucesivas reposiciones e indicaciones que, a su juicio, evidencian improvisación. Añadió que, por considerar el procedimiento poco transparente y antidemocrático, optaron por retirarse y dejar constancia de la reserva de constitucionalidad.
