Una investigación conjunta de la Fiscalía de Atacama y la PDI desarticuló una presunta red dedicada a defraudar a Fonasa mediante la emisión de bonos PAD por atenciones dentales nunca realizadas, con un perjuicio fiscal que supera los $260 millones.
Por estos hechos fueron detenidas cuatro personas de nacionalidad venezolana, formalizadas por diversos delitos. Dos quedaron en prisión preventiva y dos con arresto domiciliario nocturno. La causa da cuenta de cerca de 400 pacientes afectados, incluidos menores de edad. Según expuso el fiscal de la Unidad Anticorrupción, Luis Miranda Flores, la operación se habría montado desde el centro médico VenNorte, en Copiapó.
La indagatoria determinó que los usuarios acudían al recinto para exámenes de imagenología que sí se practicaban. Sin embargo, durante el proceso se utilizaba su huella digital —registrada para validar prestaciones en el sistema I-MED— para emitir, sin su autorización, bonos PAD asociados a tratamientos odontológicos inexistentes. Luego, esos bonos eran cobrados a Fonasa, generando el daño económico.
En la audiencia de formalización, el Ministerio Público sostuvo que los cuatro imputados actuaban coordinadamente y con roles definidos. Entre ellos se identifica a quien sería el líder e ideólogo: un auxiliar paramédico de odontología que, según la Fiscalía, se hacía pasar por médico, configurando además ejercicio ilegal de la profesión. También fueron formalizados un presunto encargado de recibir y distribuir los fondos defraudados; un médico radiólogo que firmaba informes mientras se utilizaban los datos biométricos de los pacientes para respaldar bonos falsos; y la recepcionista, encargada de operar I-MED y capturar las huellas. Como ejemplo, se exhibieron antecedentes de 31 pacientes cuyas huellas se usaron para tramitar prestaciones inexistentes.
El persecutor indicó que, además de asociación ilícita y obtención fraudulenta de prestaciones estatales, se investiga lavado de activos. Los imputados habrían creado sociedades —entre ellas una farmacia, una perfumería y la Comercializadora Venfarma— para triangular los recursos y ocultar su origen, por lo que también se atribuyó responsabilidad penal a estas personas jurídicas.
La subprefecta Cecilia Diez Carrasco, jefa de la Bridec Copiapó, explicó que el centro médico habría servido como plataforma para generar las prestaciones odontológicas ficticias mediante la modalidad PAD, un mecanismo que, según las pesquisas, operó cerca de tres años. El trabajo coordinado entre la Bridec y la Fiscalía permitió desarticular la estructura.
El fiscal Miranda advirtió, además, que el impacto no fue solo fiscal: al figurar en Fonasa que ya habían recibido y pagado tratamientos dentales, los pacientes quedaron impedidos de solicitar posteriormente esas atenciones. El Juzgado de Garantía fijó un plazo de tres meses para la investigación, periodo en el que seguirán las diligencias y no se descarta identificar a más víctimas.
