El gobierno de Argentina presentó una denuncia ante la justicia de su país contra la empresa multinacional de ciberseguridad y defensa Thales, por supuestos vuelos efectuados en septiembre entre Punta Arenas y las islas Malvinas/Falklands.
Se trata de una contratista que en los últimos años ha brindado servicios a las Fuerzas Armadas del país.
La denuncia se presentó por traslados realizados en el Atlántico Sur entre el 19 y el 24 de septiembre de 2026, que habrían ocurrido sin la autorización de esa administración.
“De acuerdo con la presentación a la que tuvo acceso Clarín, los vuelos se efectuaron con una aeronave de matrícula británica G-FPLD, propiedad de Thales, entre la ciudad chilena de Punta Arenas y las islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833”, indicaron.
“La primera salida fue desde Punta Arenas hacia las islas y la segunda, cinco días después, en sentido inverso. En ninguno de los dos casos la empresa habría solicitado autorización a las autoridades aeronáuticas argentinas”, añadieron.
Además, el gobierno argentino sostiene que podría existir una vinculación entre esos vuelos y las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos, autorizadas por esa administración.
EL GOBIERNO DENUNCIÓ A UNA CONTRATISTA DE LAS FF.AA. ARGENTINAS POR VUELOS ILEGALES A MALVINAS Y PIDIÓ DECOMISAR UN AVIÓN
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El Gobierno argentino denunció ante la Justicia a la multinacional Thales por dos vuelos entre Punta Arenas, Chile, y las islas Malvinas, realizados el 19 y el 24 de septiembre de 2026. La presentación fue realizada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que sostiene que las operaciones se efectuaron sin autorización argentina y solicitó el decomiso de la aeronave.La investigación judicial
La investigación quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos, quien la delegó en el fiscal Ramiro González. El avión, un Beechcraft B200 Super King Air de matrícula británica, es utilizado para inspeccionar sistemas de navegación aérea. Thales confirmó que es propietaria de la aeronave, pero no precisó el motivo de los vuelos por razones de confidencialidad contractual.Los contratos de Thales
La compañía mantiene vínculos comerciales con las Fuerzas Armadas argentinas y otros organismos públicos, además de contratos con el Ministerio de Defensa británico. El Gobierno también planteó la posibilidad de investigar una eventual relación de los vuelos con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en Malvinas, aunque hasta ahora no se acreditó esa vinculación.(+) en Clarín: https://t.co/1o5NoAmfee
— Clarín (@clarincom) October 16, 2026
El martes, Buenos Aires solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que adopte medidas contra el proyecto liderado por la petrolera israelí Navitas en las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido y cuya soberanía reclama el país.
“Argentina presentó hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”, informó en un comunicado el Ejecutivo de Javier Milei.
Según el comunicado, “la petición presentada ante el Tribunal del Mar busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.
El Gobierno de Javier Milei anunció el 28 de septiembre que iniciaría un pedido de arbitraje amparado en lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), el tratado de 1982 cuyo órgano para resolver controversias es el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo (Alemania).
La intención de Argentina es frenar el avance de Sea Lion, un proyecto ‘offshore’ operado por Navitas (65 %) y en el que participa la británica Rockhopper (35 %), que planea comenzar a extraer crudo en 2028 en la cuenca Malvinas Norte, a 200 kilómetros al norte del archipiélago.
