La Radio tuvo acceso al contenido de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), presentada por el presidente José Antonio Kast en cadena nacional. Para el Gobierno, la seguridad será la prioridad legislativa del semestre, luego de la aprobación de la megarreforma económica.
La ACOT reúne un conjunto de proyectos que van desde ajustes constitucionales hasta nuevas facultades operativas para policías y tribunales.
El núcleo de la ACOT
La propuesta central es una reforma constitucional en clave de seguridad que eleva la protección de las personas a deber esencial del Estado. El plan incorpora una lista oficial de organizaciones criminales y crea el delito autónomo de pertenecer a dichas estructuras.
Asimismo, propone cárceles separadas para condenados por crimen organizado, un nuevo estado de excepción de seguridad pública y herramientas más duras para el comiso de bienes.
Un paquete complementario refuerza el corazón de la agenda con aumentos de penas, un régimen penitenciario especial y el congelamiento de activos de investigados. Según la minuta interna, quien integre una organización criminal incurrirá en delito por ese solo hecho, cumplirá condena bajo un régimen más estricto y perderá los bienes obtenidos delictivamente. La estrategia busca asfixiar al crimen organizado privándolo de dinero y control territorial.
En materia de recuperación de activos, se creará una Agencia de decomiso y destrucción de bienes ilícitos, con potestad para liquidar y destruir patrimonios vinculados al crimen organizado. El documento subraya que los bienes del delito serán incautados, liquidados y destruidos, desincentivando el negocio criminal.
La propuesta incorpora además una ley anti-barricadas que penaliza el corte de tránsito sin exigir violencia.
Para el control en frontera, se define una zona primaria donde Carabineros y PDI pueden operar sin autorización previa de Aduanas. La política “Frontera Cero” habilita el comiso definitivo y destrucción de bienes ingresados por pasos no habilitados, poniendo fin a la lógica de “pagar y recuperar”.
Herramientas de investigación y modernización policial
En investigación criminal, se habilita a LABOCAR y LACRIM con una cadena de custodia definida. Se faculta a las policías a colaborar en la destrucción de drogas, permitiendo eliminar in situ cargamentos superiores a 5 kilos con control judicial. Además, se impulsa la modernización de la PDI con mejoras salariales.
Dos leyes orgánicas acompañan la arquitectura institucional: una LOC de estados de excepción que ordena la cooperación entre Fuerzas Armadas y policías; y una LOC de Gendarmería que integra a la policía penitenciaria al Ministerio de Seguridad Pública.
El Ejecutivo, además, prevé el cierre inmediato y la destrucción de máquinas de azar ilegales en el país.
Proyectos en trámite con urgencia
Ya están ingresadas con urgencia diversas iniciativas. Sobresale el Reglamento de Uso de la Fuerza (RUF), que eleva a rango legal los protocolos de actuación policial con presunción de legalidad.
Se tramita también la nueva carrera de Carabineros, con alzas salariales y gratificación de riesgo de hasta 100%, junto a reglas de legítima defensa en franco para quienes protejan su vida o la de terceros.
En migración, la ACOT extiende la retención hasta la expulsión efectiva y tipifica el transporte interno de migrantes irregulares. Se perfecciona la expulsión administrativa con registro biométrico obligatorio y se configura el ingreso clandestino como delito autónomo.
La agenda suma normas anti-encapuchados que aumentan las penas para quienes oculten su identidad en desórdenes públicos, y faculta a las Fuerzas Armadas para controles de identidad en estados de excepción.
Durante agosto el Gobierno ingresará una ley corta de seguridad municipal que eximirá al personal de seguridad del tope del 42% en la dotación de los municipios.
Medidas procesales y protección de infraestructura
En el ámbito procesal, el Ejecutivo elimina las notificaciones judiciales a cargo de Carabineros para liberar capacidad operativa, e incorpora delitos específicos por ataques a funcionarios policiales. Se fijan plazos estrictos a las telecomunicaciones para entregar registros en causas de crimen organizado, y se refuerza la protección de infraestructura crítica en energía, agua y telecomunicaciones.
La propuesta incluye mecanismos de compliance en el Ministerio de Seguridad y en las policías, además de ampliar facultades autónomas y el régimen de flagrancia para acelerar la respuesta policial.
Según el Gobierno, se actualiza la responsabilidad penal adolescente frente a las lógicas del crimen organizado y se autoriza el juicio oral en ausencia, de modo que prófugos puedan ser juzgados sin estar presentes.
Por último, se tipifica un delito específico por el reclutamiento de menores por parte de bandas criminales, con agravantes para quienes utilicen niños en tareas como disparos, transporte de droga o labores de vigilancia, eliminando atenuantes en estos casos.
