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Oposición critica la megarreforma de seguridad de Kast y señala que incluye medidas ya en trámite

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Gabriela PiñaPeriodista Radio Bío Bío Santiago

La oposición comenzó a perfilar su postura ante la agenda de seguridad del presidente José Antonio Kast. Aunque abrió la puerta al diálogo y a acuerdos, ya marcó distancia con reparos iniciales.

En concreto, dirigentes opositores señalaron dos críticas centrales: consideran que varios anuncios no aportan novedades y que faltan instrumentos decisivos para perseguir a las organizaciones criminales.

Voces del sector advirtieron que una parte relevante de las medidas ya está en trámite legislativo. El diputado Nelson Venegas (PS) recordó que la legítima defensa protegida fue aprobada mediante la Ley Nain-Retamal; que las normas sobre flagrancia avanzan en el Congreso; y que Barrios Protegidos replica la lógica de Calles Sin Violencia con planes de intervención.

El mayor punto de convergencia opositor se concentra en una ausencia que juzgan determinante: el levantamiento del secreto bancario.

A juicio de estos parlamentarios, sin herramientas para rastrear los flujos financieros, resultará complejo desarticular la base económica del crimen organizado y golpear los ingresos del narcotráfico y otros ilícitos.

El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, subrayó que “el gran ausente de la megarreforma de seguridad es el alzamiento del secreto bancario”, planteando que sin esa facultad no es posible seguir la ruta del dinero ni debilitar el poder económico de las mafias.

Desde el Frente Amplio, la diputada Tatiana Urrutia criticó que no se incluyan medidas sobre control de armas, mayor fiscalización portuaria, persecución financiera ni combate a la corrupción. A su juicio, sin atacar el músculo económico y la logística del crimen organizado, los anuncios podrían inflar expectativas sin resultados. Remarcó que están dispuestos a legislar, pero con estándares eficaces.

Con este telón de fondo, la oposición afina una ofensiva legislativa para instalar que la seguridad no solo pasa por endurecer penas, sino por dotar al Estado de capacidades efectivas para cortar el financiamiento de las bandas.

En paralelo, el sector busca evitar descoordinaciones como las que marcaron la discusión de la megarreforma económica y actuar con una postura alineada frente a los proyectos que se presenten.