El defensor regional del Bío Bío, Osvaldo Pizarro, centró su cuenta pública en el desbalance entre la Defensoría y el Ministerio Público, junto con el incremento de las prisiones preventivas, temas que calificó como prioritarios.
En su repaso del periodo, subrayó además el aumento registrado en 2025 de las causas por violencia intrafamiliar derivadas desde la justicia de Familia hacia la Fiscalía.
Estos factores representan un reto para la Defensoría, especialmente a la luz de la normativa ya vigente que contempla la incorporación de 819 funcionarios al Ministerio Público, incluidos 205 fiscales.
Pizarro, en su cuenta pública y en su rol de defensor regional del Bío Bío, Osvaldo Pizarro, advirtió que el fortalecimiento institucional de la Fiscalía deja a la Defensoría en una posición de mayor debilidad, pues obliga a afrontar un escenario más exigente sin incremento de personal.
“Va a haber una mayor carga de trabajo, un mayor impacto a nivel de tribunales y eso a nosotros nos genera una situación muy compleja, que es ponernos en una posición desmejorada para poder realizar las coberturas que son necesarias para mantener un equilibrio en el sistema. Y de ahí hay un punto que es básico y esencial, porque hasta el día de hoy la Defensoría Penal Pública no ha recibido, como correlato, un fortalecimiento en su dotación para hacer frente al crecimiento de nuestro legítimo contradictor”, señaló.
También remarcó un alza de 26,3% en las causas de violencia intrafamiliar remitidas por los Juzgados de Familia al Ministerio Público. Según explicó, muchas de esas investigaciones llegan al ámbito penal con imputados sujetos a medidas cautelares que se prolongan mientras la Fiscalía no formaliza, situación que deja a los representados en una condición de incertidumbre.
Otro punto relevante del balance fue el incremento de la prisión preventiva durante el último año, que subió del 5% al 7%. Este cambio, sostuvo Pizarro, no solo incrementó la población penitenciaria, sino que además elevó la cantidad de personas privadas de libertad a cargo de cada defensor.
Al respecto, precisó que “hace algunos años cada defensor tenía entre 10 y 12 imputados en prisión preventiva. Hoy día bordeamos los 25 o 30, lo que, sumado a la sobrecarga, nos genera serias dificultades para sostener la calidad del servicio de defensa. Lo hemos logrado hasta ahora, pero con un esfuerzo enorme cuyo mantenimiento en el tiempo es incierto”.
Entre los hitos de 2025, el defensor regional destacó el caso de Tomás Bravo, en el que la Defensoría Penal consiguió la absolución de Jorge Escobar, quien permaneció cuatro años imputado por la muerte de su sobrino nieto.
