Mientras se debatía si la violencia del 18-O fue orquestada o impulsada desde el extranjero, la Fiscalía Nacional —entonces bajo Jorge Abbott— y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) actuaron sin coordinación alguna. No compartieron información.
La constatación llegó casi siete años después, en un oficio breve firmado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, y remitido a la comisión investigadora de la Cámara. Ese documento se transformó en una de las muestras más nítidas del desorden estatal que rodeó las indagatorias del estallido.
Para el presidente de la instancia, el diputado libertario Hans Marowski, el hallazgo central fue precisamente un Estado ineficiente, con organismos que no lograron interoperar. El socialista Daniel Manouchehri fue más tajante: dijo que “buscaron una conspiración y no encontraron ninguna prueba”.
La pesquisa también estuvo atravesada por ausencias de autoridades citadas. Entre ellas, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien no asistió a dos convocatorias; sus antecedentes serán remitidos a la Contraloría.
Fiscalía y ANI avanzaron por carriles separados
El resumen numérico es elocuente: se cursaron 65 oficios, 50 respuestas resultaron inutilizables y solo 10 aportaron información clara. Otras dos quedaron reservadas. La comisión invitó a 32 personas y concurrieron 17. Tras tres meses intentando dilucidar una eventual coordinación tras el 18-O, lo que afloró fue, más que una conspiración, el desorden institucional.
Uno de los oficios recibidos evidenció la falla más grave. La comisión consultó a la Fiscalía Nacional si los fiscales —con Abbott a la cabeza en esa época— que investigaron los hechos posteriores al 18 de octubre intercambiaron información con la ANI, y si aquello permitió indagar planificación de delitos o posible injerencia externa.
La respuesta de Ángel Valencia fue lacónica:
“Los/as fiscales del Ministerio Público no realizaron intercambios de antecedentes ni de información con la Agencia Nacional de Inteligencia”.
El escrito no detalla por qué no hubo ese intercambio, ni si la Fiscalía pidió antecedentes, si la ANI intentó entregarlos o si elaboró informes remitidos a otras autoridades.
Interior derivó las consultas, pero la ANI no respondió
La falta de coordinación se extendió a otras gestiones. La comisión ofició al Ministerio del Interior para conocer los insumos de inteligencia. Esa cartera derivó las consultas a la ANI, pero la agencia no emitió respuesta escrita.
El actual director de la ANI sí asistió, aunque en sesión secreta. Por su carácter reservado, su exposición no pudo incorporarse como sustento público del informe.
El Estado Mayor Conjunto (EMCO) y Gendarmería respondieron a los oficios, pero sus documentos llegaron con carácter reservado, por lo que tampoco sirvieron para despejar públicamente las dudas sobre lo ocurrido.
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El presidente de la comisión, el libertario Hans Marowski, centró ahí la principal conclusión:
“Lo que podemos concluir es que teníamos un Estado deficiente en materias de inteligencia, en materia de persecución penal, con agencias que no eran capaces de interoperar”.
No asistieron autoridades clave de octubre de 2019, entre ellas el entonces ministro y subsecretario del Interior, además de exdirectores de la ANI y del INDH. “Esas ausencias impidieron profundizar en lo ocurrido”, señaló el diputado impulsor de la instancia. Añadió que lamentaban que quienes participaron del gobierno de la época ni siquiera se excusaran, pues habrían aportado contexto y permitido conclusiones más sólidas.
Desde la oposición, el balance fue más crítico. El diputado socialista Daniel Manouchehri sostuvo que los libertarios no lograron acreditar la premisa que motivó la comisión:
“Después de meses de investigación, no apareció un solo antecedente que acreditara las hipótesis fantasiosas sobre conspiraciones políticas o intervenciones extranjeras. Lo que sí apareció fue un sistema de inteligencia mediocre y descoordinado”.
Y remató: “La verdad es que en esta comisión buscaron una conspiración y no encontraron ninguna prueba”.
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Arrau también quedó en la mira
La comisión resolvió enviar a la Contraloría los antecedentes por las inasistencias del ministro de Seguridad, Martín Arrau, citado dos veces y excusado en ambas.
Manouchehri acusó que, al momento de abordar hechos específicos, el secretario de Estado “simplemente no concurrió, pese a la obligación que establece la Constitución”.
Desde el ministerio, en privado, defendieron que el ministro asiste en promedio dos veces por semana al Congreso y que su labor se concentra en la gestión de la seguridad pública. Además, consideraron desproporcionado vincular sus ausencias con una eventual acusación constitucional.
Al cierre, los parlamentarios coincidieron en un punto: el Estado enfrentó el 18-O con un sistema de inteligencia débil y desarticulado. La divergencia está en la lectura política. Para Marowski, esa fue la principal evidencia que dejó la comisión. Para Manouchehri, fue la confirmación de que se buscó una gran conspiración y no se halló ninguna.
