Durante su visita a la región de Ñuble, el presidente José Antonio Kast respondió a las críticas sobre supuestas restricciones a la libertad derivadas de la reforma de seguridad impulsada por el Gobierno. A su juicio, es el crimen organizado el que ha coartado la libertad de los chilenos.
Consultado por los reparos del oficialismo, que pide cambios al nuevo estado de excepción constitucional y advierte pérdida de libertades, el mandatario insistió en que “la libertad de Chile ha sido restringida por el crimen organizado”.
Añadió que ello obedece a malas políticas públicas, a la falta de decisión de autoridades durante años y al insuficiente respaldo a las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía, recordando quiénes apoyaron a Carabineros y a las Fuerzas Armadas en momentos críticos.
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También señaló que no responderá a dichos de autoridades del gobierno anterior, a quienes acusó de no haber priorizado la seguridad de los chilenos.
“Lo que hemos planteado —y fue parte del debate en campaña— es que Chile eligió un rumbo: seguridad, crecimiento, trabajo y progreso. La alternativa respaldada por otros fue derrotada en las urnas”, remarcó.
Frente a las críticas de parlamentarios, Kast sostuvo que son válidas y que el Ejecutivo está abierto a escuchar distintas miradas.
Descarta plebiscito por reforma de seguridad
En el mismo punto, el presidente abordó la opción de un plebiscito si la megarreforma de seguridad fuera rechazada en el Congreso, y, en línea con lo señalado por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y por el titular de la Segpres, José García Ruminot, descartó que el Gobierno promueva esa vía.
“Siempre estamos abiertos a discutir distintos puntos de vista, pero el plebiscito no es algo que vayamos a impulsar como Gobierno en estas materias”, dijo.
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Agregó que, con la actual composición del Congreso y el marco institucional vigente, el camino del Gobierno es presentar proyectos de ley y que la resolución democrática corresponde al parlamento.
Finalmente, aseguró que el Ejecutivo promoverá un debate político amplio para definir la mejor estrategia de resguardo de la seguridad ciudadana.




