Los jefes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte avanzaron en sus metas de autodeterminación al suscribir este lunes 14 de septiembre un memorando conjunto, en una inédita cumbre que reunió a representantes de tres naciones integrantes del Reino Unido.
El texto sostiene que cada territorio debe poder decidir sobre su porvenir y pone en entredicho el rol de Westminster, sede del Parlamento británico, en la definición del destino de estas naciones.
El documento no fija una hoja de ruta común para salir del Reino Unido ni marca fechas para eventuales plebiscitos. De hecho, los propios firmantes admitieron posturas constitucionales distintas y que cada nación deberá avanzar conforme a sus realidades particulares.
No obstante, la cita reviste un peso político y simbólico considerable. Por primera vez, los líderes de los tres territorios provienen de partidos independentistas o, en el caso de Irlanda del Norte, favorables a la reunificación con la República de Irlanda. Además, el debate se produce en medio del auge de las discusiones sobre la autodeterminación y la renovada reflexión sobre el futuro constitucional del Reino Unido.
Estas son cinco claves para dimensionar el alcance de esta nueva coordinación.
1. Un frente común en torno al derecho a decidir
El eje del acuerdo sellado en Cardiff es la autodeterminación. Los partidos soberanistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte afirmaron en el memorando su “derecho a la autodeterminación” y sostuvieron que “ningún gobierno en Londres tiene derecho a bloquear la democracia”.
El documento lleva las firmas de John Swinney, líder del Partido Nacional Escocés (SNP); Rhun ap Iowerth, del galés Plaid Cymru, y Michelle O’Neill, del Sinn Féin norirlandés. También asistió Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin y jefa de la oposición en la República de Irlanda.
Aunque los cuatro participaron en calidad de dirigentes políticos y no necesariamente como portavoces de sus gobiernos, la cumbre marca un cambio en la forma de encarar las relaciones entre las naciones que componen el Reino Unido.
El mensaje compartido es que Westminster no debería tener la última palabra sobre el encaje constitucional de Escocia, Gales o Irlanda del Norte. El primer ministro galés, Rhun ap Iorwerth, afirmó que cada vez más personas perciben que el sistema centralizado ya no funciona y defendió acercar el poder a las comunidades.
Swinney, por su lado, señaló que los líderes están unidos por el principio de autodeterminación y consideró que las conversaciones suponen un hito dentro del debate sobre el porvenir del Reino Unido.
El memorando, sin embargo, evita presentar a los tres territorios como un bloque con plan único. Por el contrario, explicita que hay “diferentes posturas constitucionales” entre ellos y estipula que “cada nación determinará su propio futuro a su manera y en su tiempo”.
Este matiz es clave porque las metas no son idénticas. Escocia aspira a la independencia del Reino Unido; en Irlanda del Norte, el Sinn Féin plantea la reunificación con la República de Irlanda; y en Gales el independentismo es menos dominante, aunque señalan que ha ganado terreno en los últimos años.
Más que la creación de un único movimiento secesionista, el acuerdo configura una alianza política en torno a una convicción compartida: que las naciones del Reino Unido deben poder decidir su destino.
El propio lenguaje empleado por los firmantes apunta a un cambio de época. “El tiempo de Westminster llega a su fin”, afirma el texto, antes de proponer una alternativa de “naciones que trabajan juntas como iguales, comparten ideas, experiencias y construyen relaciones basadas en el respeto mutuo”.
La declaración elude así promover una ruptura inmediata y propone, en su lugar, una arquitectura política distinta en la que cada nación disponga de mayor capacidad para gobernar sus asuntos.
2. Escocia reabre el debate sobre un referéndum
El caso escocés cuenta con un hito determinante: el referéndum de independencia de 2014.
En esa consulta, un 55% optó por permanecer en el Reino Unido frente a un 45% que respaldó la separación. La participación rozó el 85%, la más alta en Gran Bretaña en más de medio siglo.
El veredicto mantuvo unida a Escocia con Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, pero no zanjó la cuestión soberanista. Casi la mitad del electorado se inclinó por la ruptura y el nacionalismo consolidó una movilización que, según sus impulsores, continuaría pese a la derrota.
Alex Salmond, entonces primer ministro y referente del “Sí”, renunció tras el resultado, pero aseguró que el movimiento seguía vivo. “Mi tiempo como líder está a punto de terminar, pero para Escocia la campaña continúa y el sueño nunca morirá”, dijo.
El revés de 2014 tampoco clausuró las demandas de más competencias. Durante la campaña, los líderes británicos prometieron ceder nuevas atribuciones a Escocia en materia fiscal, de gasto y de bienestar si se rechazaba la independencia.
David Cameron afirmó entonces que, del mismo modo que Escocia obtendría mayor control sobre sus asuntos, los ciudadanos de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte deberían tener un papel más destacado en los propios.
Más de diez años después, el asunto vuelve a cobrar fuerza. Según Nicola McEwen, directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de Glasgow, citada por AP, el respaldo a la independencia escocesa ha crecido desde el Brexit, el proceso por el cual el Reino Unido abandonó formalmente la Unión Europea en enero de 2020 tras el referéndum de 2016.
El líder del SNP, John Swinney, sostiene que, si el Gobierno británico autorizara una nueva consulta, esta vez la independencia ganaría en las urnas.
Por ello, el referéndum es uno de los principales focos de fricción entre Edimburgo y Westminster. Swinney exigió públicamente otra votación, mientras el Gobierno británico se ha mantenido en contra.
La controversia sumó un matiz adicional cuando Andy Burnham dijo ante el Parlamento que permitiría una consulta si había un “claro consenso” en Escocia. Luego, sin embargo, envió una carta a Swinney en la que afirmó que la votación estaba “prohibida”.
El memorando firmado en Cardiff no incluye la palabra “referéndum”. La omisión parece intencional: el acuerdo busca un marco de cooperación más amplio entre nacionalistas sin atar a los tres territorios a un mismo calendario.
Tras la firma, no obstante, Swinney y Michelle O’Neill sí reclamaron referendos para sus territorios. Rhun ap Iowerth, en cambio, evitó precisar tiempos para una eventual consulta en Gales.
3. Irlanda del Norte recorre una senda constitucional distinta
La situación norirlandesa difiere de la escocesa y la galesa porque no se discute crear un nuevo Estado independiente, sino la posibilidad de dejar el Reino Unido para integrarse en una Irlanda unificada.
El origen del debate se remonta a la partición de la isla. Cuando Irlanda logró su independencia de Gran Bretaña hace un siglo, seis condados del norte permanecieron en el Reino Unido.
Desde entonces, Irlanda del Norte ha estado atravesada por dos grandes comunidades. Los nacionalistas, en su mayoría católicos, aspiraban a unirse al resto de Irlanda, mientras que los unionistas, predominantemente protestantes, querían mantener la pertenencia al Reino Unido.
Las tensiones desembocaron a fines de los años sesenta en “Los Problemas”, tres décadas de violencia que involucraron a grupos paramilitares de ambos lados y al Ejército británico. El conflicto dejó alrededor de 3.600 muertos en atentados, tiroteos y otros ataques.
El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 frenó en gran medida la violencia y creó un marco para gestionar las diferencias políticas y de identidad. Asimismo permitió que la población se identificara como irlandesa, británica o ambas.
El pacto dejó además abierta la puerta a una futura reunificación. Según lo establecido, podría convocarse una votación sobre la unión con la República de Irlanda si las encuestas sugieren que sería aprobada. Para Londres, ese umbral no se ha alcanzado aún y, además, Irlanda tendría que respaldar el cambio en otra consulta.
Michelle O’Neill, primera ministra de Irlanda del Norte y dirigente del Sinn Féin, asegura que el cambio constitucional gana tracción. Durante la presentación del acuerdo, afirmó que Westminster no podrá frenar lo que describió como una marea imparable.
Su presencia en la cumbre, sin embargo, despertó críticas del unionismo. Emma Little-Pengelly, viceprimera ministra y figura del Partido Unionista Democrático, acusó a O’Neill de “instrumentalizar” su cargo al firmar el documento.
O’Neill respondió: “Se trata de un cambio histórico que está ocurriendo a nuestro alrededor”.
4. Trump se pronuncia sobre la unidad irlandesa
El presidente estadounidense, Donald Trump, añadió un factor nuevo al manifestar públicamente su apoyo a una Irlanda unificada.
Durante una visita a Irlanda, Trump dijo que le “encantaría” que se concretara la reunificación y calificó la unión de Irlanda del Norte con la República de Irlanda como una de las opciones más lógicas.
“Tenemos Irlanda del Norte y tenemos Irlanda, y me parece que una de las combinaciones más lógicas de todos los tiempos es unirlas”, señaló Trump.
Un día después reiteró su postura, aunque diferenció el caso de Escocia. Consultado por la independencia escocesa, respondió: “Me preguntaste por Escocia. De eso no voy a hablar todavía. Lo dejaré para otro día”.
Sus palabras suscitaron respuestas inmediatas entre políticos unionistas en Irlanda del Norte y en Londres, mientras que desde Dublín se intentó rebajar la tensión.
El primer ministro irlandés, Micheál Martin, tildó algunas reacciones de “exageradas” y llamó a la calma. A la vez, precisó que, pese a apoyar la unidad irlandesa, hoy no ve condiciones para que una consulta prospere.
“Apoyo la unidad, pero no la veo posible ahora mismo. He sido muy claro al respecto”, declaró Martin a BBC News.
“Lo más probable es que si se celebrara una votación la semana que viene, tendría grandes dificultades para salir adelante”, añadió.
El respaldo de Trump no altera por sí mismo el mecanismo previsto para una posible reunificación, pero vuelve a poner la cuestión irlandesa en el centro del debate político. Y lo hace justo cuando los nacionalistas de las tres naciones buscan coordinar posiciones frente a Westminster.
5. El Brexit, la descentralización y un posible nuevo vínculo con Westminster
La quinta clave para entender el momento actual es preguntarse qué tipo de Reino Unido podría sobrellevar estas tensiones.
La descentralización de fines de los noventa otorgó a Escocia, Gales e Irlanda del Norte cierto grado de autogobierno y parlamentos propios. Inglaterra, en cambio, no recibió una cámara equivalente.
Pese a la cesión de competencias, Westminster conservó el control de los asuntos nacionales y de las materias relativas a Inglaterra. Las fricciones entre los ejecutivos territoriales y el centro persistieron.
En este marco, los nacionalistas alegan que la descentralización no ha resuelto el dilema de fondo: quién tiene la potestad de decidir el futuro político de cada nación.
El Brexit añade otra capa al debate, ya que el memorando firmado en Cardiff afirma de forma explícita que “el Brexit dañó nuestras economías y limitó las oportunidades de nuestra gente”.
Los firmantes también manifestaron su intención de recomponer lazos con Europa: “Creemos en el futuro de nuestras naciones como pertenecientes a la Unión Europea, y queremos trabajar juntos para reconstruir y fortalecer estas relaciones europeas”.
Por su parte, el Gobierno británico restó importancia a la cumbre. Un portavoz de Andy Burnham aseguró que el primer ministro cree en la unión y que su prioridad es aliviar el coste de la vida antes que centrarse en disputas constitucionales.
“El Reino Unido da lo mejor de sí cuando la gente se une en torno a nuestros valores compartidos y la resolución de problemas, en lugar de la división”, dijo Tom Wells.
El propio Burnham insistió en que su Ejecutivo está enfocado en aliviar la presión económica sobre los británicos “más que enredarse en debates constitucionales o futuros referéndums”.
Aun así, la descentralización es uno de los ejes del programa de Burnham. Desde que asumió, ha hecho de la transferencia de poder una prioridad, aunque su foco se ha dirigido principalmente a los gobiernos regionales de Inglaterra.
