Tras revelarse el plan para asesinar al alcalde de San Bernardo, Christopher White, en el Senado se aceleró la elaboración de dos iniciativas legales destinadas a proteger a las autoridades en la lucha contra el crimen organizado.
La primera propuesta, impulsada por la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, busca incorporar nuevos cargos al catálogo de víctimas especialmente protegidas en casos de homicidio por encargo, que hoy incluye a jueces penales, fiscales, defensores públicos, Carabineros, la PDI y Gendarmería.
La iniciativa propone incorporar a alcaldes, gobernadores regionales, el ministro de Seguridad Pública, sus subsecretarios y seremis, además de delegados regionales y provinciales, y directores de Seguridad Pública a nivel provincial y comunal. Asimismo, contempla una disposición que ampara a toda autoridad vinculada a la seguridad pública o a la prevención del delito.
Asimismo, incorpora un inciso que establece que, si el homicidio por encargo se dirige contra alguna de estas autoridades, la tentativa se castigará con la pena asignada al delito consumado.
La parlamentaria por la región del Maule sostuvo que elevar las sanciones no siempre soluciona los problemas de seguridad, aunque sí contribuye, e instó al Gobierno a otorgar urgencia a la iniciativa.
“Aumentar las penas no es la única salida, pero sin duda ayuda a evitar este tipo de amenazas. También sería una señal que el Gobierno, eventualmente, le otorgue urgencia a este proyecto”, remarcó.
En paralelo, el proyecto presentado por los senadores Karim Bianchi, Loreto Carvajal, Juan Luis Castro, Paulina Núñez y Cristian Vial propone ajustar la misma nómina, aunque circunscrita a alcaldes y concejales en casos de conspiración para atentar contra sus vidas.
Vial, senador independiente del Partido Republicano, admite que la figura ya existe en el Código Penal, pero que incorporar expresamente a los jefes comunales y a los ediles implicaría sanciones más altas para quienes planifiquen matarlos.
“Nuestra legislación, el Código Penal, ya contempla esto, pero solo incluye a jueces, fiscales y policías. Quien se confabule para atentar contra la vida de una autoridad comunal podría enfrentar penas de hasta 10 años de cárcel”, señaló.
Ambas iniciativas fueron derivadas a la comisión de Seguridad Pública para su debate, instancia en la que incluso podrían unificarse en un solo texto para simplificar su tramitación.
