Los familiares de Rafael Pichún, condenado por un atentado incendiario, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de denunciar la presunta vulneración de sus garantías y lograr su libertad para denunciar vulneración de sus derechos y obtener su libertad.
Rafael, perteneciente a la comunidad Temulemu y quien se desempeñó como vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, se encuentra cumpliendo su condena en la cárcel de Angol.
Conviene recordar que fue sentenciado por el ataque incendiario a un camión forestal en Quilleco, región del Bío Bío.
Su hermano, Juan Pichún, afirmó que en este caso hubo discriminación y que la Fiscalía lo relacionó con el hecho por una conversación de WhatsApp.
“Hoy no solo se vulneran los derechos mapuche; actualmente es el propio Estado, mediante los poderes judiciales y los persecutores, quienes también están transgrediendo los derechos que los Estados y los gobiernos han impulsado y legislado. Se afectan varios derechos, entre ellos el de la defensa, como ocurre con los testigos secretos, sin rostro”, sostuvo Pichún.
En tanto, el abogado Javier Pineda recordó que el padre del condenado fue investigado bajo la Ley Antiterrorista y que fue en tribunales internacionales donde se probó su inocencia y el Estado de Chile fue sancionado en el denominado caso Loncos.
En el expediente de Rafael Pichún, su familia y el abogado ingresarán los antecedentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Se trata de la igualdad ante la ley, un principio elemental, pero —como señalábamos— la prueba circunstancial con la que los tribunales alcanzan la convicción de más allá de toda duda razonable, a nuestro juicio, no permite arribar a esa certeza. Es decir, como decía Lonco, cómo puede una conversación de WhatsApp respecto a la existencia de un predio forestal ser suficiente para atribuirle la responsabilidad de autor intelectual de una acción de sabotaje cometida en un territorio particular, que es el caso Quilleco”, explicó Pineda.
La primera etapa de tramitación para la admisibilidad del caso puede extenderse por más de un año y, si se admite, es resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
