Tras tres semanas a la espera de conocer la propuesta del Ejecutivo, la Comisión Mixta encargada de la Ley de Incendios resolvió los puntos que tenía en consideración y remitió el informe que debe ser votado primero por la Cámara de Diputados y, luego, por el Senado.
Uno de los desacuerdos se refería al procedimiento simplificado para acotar las zonas de interfaz urbano-rural en los planes reguladores comunales, el que finalmente fue aprobado por unanimidad tras contar con el respaldo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
El otro tenía que ver con la obligación del Estado de indemnizar a los dueños de los predios ubicados dentro de esa zona de interfaz, donde será obligatorio ejecutar cortafuegos. No obstante, ese inciso fue rechazado y eliminado por una votación de 5 a favor y 3 en contra.
Eso sí, el Ejecutivo se mostró dispuesto a trabajar en la creación de un fondo que permita una eventual compensación por esos terrenos, iniciativa que fue valorada por la presidenta de la Comisión Mixta, la senadora Alejandra Sepúlveda.
“El ministro propuso la posibilidad de crear un fondo de apoyo específico para ese sector de interfaz urbano-rural y esperamos que eso se concrete, ya sea mediante un veto o a través de otra alternativa legislativa”, dijo.
Por su parte, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, celebró la eliminación de la indemnización, pero lamentó la dilación en la tramitación del proyecto, que ya supera los tres años en el Congreso Nacional.
“Hoy no podemos estar haciendo del cortafuego un negocio y eso es lo que justamente pudimos aprobar. Así que satisfecho con este trabajo. Lamentablemente, se ha demorado más de tres años en salir una ley que debió ser de tramitación urgente inmediata”, señaló.
Las indicaciones presentadas por el Gobierno
Asimismo, el Gobierno ingresó una serie de indicaciones al proyecto que la secretaría técnica declaró inadmisibles, al estimar que no se ajustan a la materia que se le encomendó a la instancia y que además no contaban con la unanimidad necesaria para modificar otros artículos del texto.
En primer término, proponía crear un registro de zonas de interfaz urbano-rural, con el fin, entre otros, de eximir de la obligación de realizar labores de limpieza y construir cortafuegos a propietarios de terrenos que se encuentren ocupados ilegalmente, siempre que exista la denuncia previa ante el sistema judicial.
De igual forma, planteaba autorizar el uso del fuego para la eliminación de desechos vegetales con el propósito de ejecutar cortafuegos, condicionándolo a la autorización previa de la Delegación Presidencial Regional correspondiente y al visado técnico de la Corporación Nacional Forestal.
En tercer lugar, el Gobierno pretendía añadir dos títulos a la ley sobre el combate de emergencias, buscando fijar un marco de seguridad común para todas las aeronaves que participen en estas labores, normado por la DGAC, lo que implicaría designar a un coordinador aéreo del incendio para cada siniestro. Del mismo modo, se proponía regular la cooperación público-privada en las tareas de combate.
El Ministerio de Agricultura aún evalúa opciones para incorporar esos artículos al texto definitivo de la ley. Por ahora, fuentes de Radio Bío Bío confirman que no se descarta presentar un veto aditivo, ni tampoco impulsar una nueva ley sobre el combate de incendios forestales, especialmente considerando que el proyecto actual se centra en la prevención.
El informe de la Comisión Mixta deberá ser votado por ambas cámaras en la próxima semana legislativa, que comienza el 19 de octubre.
Aun cuando ese trámite avance con rapidez, parlamentarios y asesores advierten que será imposible que el texto entre en vigor para la próxima temporada de incendios forestales, debido a que aún resta la elaboración de los reglamentos correspondientes.
