El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que varios ministros y también congresistas han recibido amenazas de muerte tras la destitución del fiscal general, Roger Mariaca, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
En un acto oficial celebrado el miércoles en Trinidad, la ciudad más grande del departamento del Beni, el mandatario indicó que este tipo de intimidaciones para él son algo habitual.
“Sé que estamos metiendo en la cárcel a los corruptos y a los ladrones, pero también sé que debemos invertir en el país”, afirmó inicialmente, según reproduce el medio local Red Uno.
“Los ministros me cuentan: ‘presidente, este gobierno toma decisiones pero amenazan a nuestras familias. Por WhatsApp nos llegan amenazas’”, añadió.
“También algunos parlamentarios. El viernes se quedaron para aprobar la ley de modificación y luego votaron para designar a un nuevo fiscal. Muchos recibieron amenazas de muerte dirigidas a sus familias por WhatsApp, eso me contaban”, señaló.
En su intervención, Paz dijo que él mismo ha sido blanco de amenazas. “Para mí es cotidiano; ya se lo dije a mi esposa y a mis hijos: no le temo a la muerte por la Patria”, manifestó.
“Porque la muerte no puede ser mayor que la vida que podamos aportar a la diferencia y a la construcción de una Bolivia mejor”, sostuvo.
“Habrá mucho sacrificio y mucho esfuerzo. No me escondo, doy la cara como todos los bolivianos; los bolivianos que no debemos nada, aunque nos insulten, nos denigren, usen redes y hagan diversas cosas, estamos firmes para seguir luchando”, concluyó.
Sus palabras se producen después de que el sábado, en una sesión legislativa, se nombrara a José Armando Urioste como fiscal general interino.
Por su parte, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, declaró el martes que corresponde a Estados Unidos iniciar el trámite de extradición del exfiscal Mariaca, quien investigaba el caso de Fernando Cerimedo y es acusado en ese país por su presunta vinculación con delitos de narcotráfico.
Las indagaciones señalan que Mariaca, que asumió como fiscal general en octubre de 2024, habría encabezado una supuesta red criminal dentro del sistema judicial para proteger a grandes organizaciones dedicadas al narcotráfico, incluyendo a delincuentes como el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
